En el año fiscal 2020, 200 profesores de escuelas públicas en Japón fueron sancionados por actos obscenos o acoso sexual.
Para mantener a raya a los pervertidos, no solo entre docentes, sino también entre niñeros y otras personas que trabajan con niños, el gobierno de
Japón evalúa exigir a quienes buscan un empleo relacionado con menores probar que no tienen una condena por delitos sexuales.
El nuevo sistema de certificación, según Kyodo, será el pilar de una nueva agencia gubernamental que manejará las políticas relacionadas con los niños.
El problema en Japón es que el otorgamiento de licencias para maestros y niñeras es supervisado por diferentes ministerios, lo que dificulta la detección de delincuentes sexuales cuando buscan o cambian de trabajo.
La iniciativa es bienvenida por los padres, preocupados por la posibilidad de que sus hijos sean víctimas de abusos.
Sin embargo, algunos expertos, como Hisashi Sonoda, profesor de derecho penal en la Universidad de Konan, temen que el nuevo sistema obstaculice la rehabilitación de quienes han cumplido sus condenas y los convierta en “parias sociales”. (International Press)
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