Wishma Sandamali, una joven de Sri Lanka, fue recluida en un centro de detención de la Oficina Regional de Servicios de Inmigración de Nagoya en agosto de 2020 por permanecer en Japón por más tiempo del que le permitía su visa.
La mujer de 33 años se enfermó a mediados de enero de este año. Tenía náuseas, vómitos y falta de apetito. A fines de febrero, había perdido unos 20 kilos.
El 4 de marzo, un psiquiatra la evaluó y señaló que si le daban libertad provisional, su estado de salud probablemente mejoraría.
No la liberaron y el 6 de marzo murió.
Su muerte ha desatado un enfrentamiento entre el gobierno y la oposición en el país asiático mientras se debate en la Dieta un proyecto para revisar la ley de inmigración, informó Asahi Shimbun.
Legisladores de oposición exigen que el gobierno devele toda la verdad con respecto a la muerte de la joven esrilanquesa.
Los opositores han puesto especial énfasis en el hecho de que la Agencia de Servicios de Inmigración, adscrita al Ministerio de Justicia de Japón, publicó un informe sobre el incidente que no consignó la recomendación del psiquiatra.
Manabu Terata, miembro del opositor Partido Democrático Constitucional de Japón, remarcó que es necesario conocer la verdad completa debido a que el proyecto de ley, a su juicio, otorga gran poder a la Agencia de Servicios de Inmigración.
“Es extremadamente importante que la agencia sea confiable”, manifestó.
Por su parte, Yasufumi Fujino, del Partido Comunista de Japón, acusó a la agencia de intentar encubrir la omisión.
Un funcionario de la agencia se defendió alegando que omitieron lo señalado en consideración al “honor y la privacidad” de la mujer.
No obstante, la ministra de Justicia, Yoko Kamikawa, calificó como un “poco insuficiente” la explicación de la agencia.
La familia de la joven fallecida exige que se conozca la verdad.
Y la verdad se conocería si se publicara un video de seguridad que registró los detalles de la agonía de la mujer.
Los legisladores de la oposición pidieron a la ministra que les muestre el video a ellos y a los parientes de la mujer. Kamikawa se negó por no considerarlo “apropiado” desde el punto de vista de la seguridad.
Con respecto a la ley de inmigración en Japón, un ciudadano extranjero que solicita el estatus de refugiado no puede ser deportado mientras la solicitud esté pendiente.
El proyecto presentado por el gobierno para revisarla estipula que un extranjero puede solicitar el estatus de refugiado solo dos veces por la misma razón, lo que confiere más poder a la agencia, según Asahi. (International Press)
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