Lista la reforma para multar negocios y dar prisión a quien rechace hospitalizarse por COVID-19

El proyecto de reforma se enviará al Congreso para su aprobación

El gabinete Suga adelanta el fin de la emergencia en algunas prefecturas. (Foto Kantei)

El gobierno japonés aprobó esta mañana el proyecto de ley que revisará la Ley de Medidas Especiales de Control de Influenza y la Ley de Enfermedades Infecciosas para imponer fuertes multas y hasta cárcel a los infractores. Se espera su aprobación a principios de febrero y su aplicación desde fines del mismo mes.


La ley revisada permitirá a los gobernadores de las prefecturas ordenar a los restaurantes y otro tipo de negocios cerrar o reducir su horario comercial en áreas sujetas una declaración de emergencia emitida por el gobierno central. No respetar la orden significará hasta 500.000 yenes de multa.

También habrá hasta 200.000 yenes de multa a los negocios que rechacen una inspección in situ del cumplimiento de la orden de cierre.

Al mismo tiempo, los gobernadores podrán dictar medidas para prevenir la expansión del virus como la reducción del horario de atención en los negocios. No cumplir esta disposición se penará con multas de hasta 300.000 yenes.

Se informó que el gobierno central y las prefecturas han estipulado la obligación de adoptar acciones de apoyo económico a quienes respeten las solicitudes de cierre por coronavirus. El gobierno deberá aplicar las medidas financieras necesarias para cubrir estos pagos.

CÁRCEL Y MULTA POR RECHAZAR LA HOSPITALIZACIÓN

Entre tanto, con la enmienda de la Ley de Enfermedades Infecciosas se castigará con prisión de hasta un año y multa de hasta un millón de yenes a los ciudadanos que rechacen su hospitalización o que fuguen de los centros médicos por coronavirus.

También se impondrá una multa de hasta 500.000 yenes a quienes mientan en las encuestas epidemiológicas o se nieguen a responderlas. Su respuesta adecuada permite al centro de salud pública (hokenjo) establecer la ruta de infección y el comportamiento reciente de la persona contagiada.

También se especifican disposiciones para que el Ministerio de Salud y el gobernador de una prefectura puedan pedir a los centros médicos asegurar una cama por COVID-19. Se podrá hacer público el nombre del hospital que se niegue hacerlo sin una razón justificable. (International Press)

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