En junio del año pasado, murió un hombre nigeriano que se había declarado en huelga de hambre en un centro de inmigración en Omura, prefectura de Nagasaki, en protesta por su prolongada detención.
El hombre, detenido desde julio de 2016, se negaba a ser deportado porque tenía familia en Japón.
A raíz de su muerte, en octubre pasado se creó un grupo de trabajo adscrito al Ministerio de Justicia de Japón para revisar el sistema de inmigración.
El panel ha propuesto fijar sanciones penales a los ciudadanos extranjeros que no acatan las órdenes de deportación, informó Kyodo.
Los extranjeros renuentes podrían ser encarcelados o multados.
Japón, criticado por organizaciones de derechos humanos por los extensos periodos de detención (que pueden durar varios años) de extranjeros que se niegan a ser deportados, busca acortar los tiempos de encierro.
Otra de las medidas propuestas por el grupo es reducir el periodo de prohibición de reingreso a Japón tras ser deportado. De esta manera, se espera que la posibilidad de que pueda volver al país antes del tiempo establecido estimule al extranjero a aceptar la deportación.
Por otro lado, el panel hace notar el aumento del número de extranjeros con órdenes de deportación que solicitan el estatuto de refugiados para evitar la expulsión. Cuando una persona solicita refugio, se paralizan automáticamente los procedimientos de deportación. El panel pide no suspender la deportación de quienes solicitan asilo más de una vez.
El año pasado, Japón solo reconoció como refugiados a 44 personas de entre 10.375 solicitudes.
Quienes reciben una orden de deportación deben abandonar el país por sus propios medios, a menos que no cuenten con el dinero para ello.
El gobierno japonés sostiene que carece de los fondos y el personal para deportar a aquellos que se niegan.
Las propuestas del panel serían recogidas por la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón, que elaborará modificaciones a la ley de inmigración para elevarlas al Ministerio de Justicia.
Hasta fines del año pasado, los centros de inmigración en Japón albergaban a 1.054 extranjeros, de los cuales 462 llevaban detenidos más de seis meses. (International Press)
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