El Ministerio de Salud de Japón estima que alrededor de 25.000 personas discapacitadas fueron esterilizadas bajo la ley. De ellas, 16,500 no dieron su consentimiento.
En abril pasado, se aprobó una ley que establece un pago único de 3,2 millones de yenes (casi 30 mil dólares) en compensación a cada víctima. Hasta fines del mes pasado, 26 personas habían recibido la reparación.
Sin embargo, solo se han hallado documentos probatorios sobre la esterilización en unos 3.000 casos de los 25.000 en total.
Si estas personas no pueden acreditar a través de documentos que fueron esterilizadas de manera forzosa, ¿cómo podrán recibir la compensación?
Pensando en ellas, el gobierno de Japón decidió establecer un comité de expertos para evaluar sus casos.
Un grupo de ocho especialistas médicos determinó que 22 personas esterilizadas que no cuentan con registros de la intervención quirúrgica tienen derecho a ser reparadas, luego de analizar evidencias circunstanciales (como cicatrices de operaciones), historial médico y testimonios individuales, informó Kyodo.
El gobierno compensará a las 22 víctimas, la primera medida de este tipo, según la agencia de noticias. (International Press)
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