Entre enero y abril de 2019, la policía de la prefectura de Aichi y la Oficina Regional de Inmigración de Tokio allanaron diversas fábricas en las prefecturas de Osaka y Saitama, además de la de Aichi, donde se falsificaban tarjetas de residencia.
Las autoridades confiscaron tarjetas de residencia falsificadas para chinos, vietnamitas e indonesios, entre otros, así como miles en blanco. También decomisaron tarjetas de seguros de salud y de estudiante adulteradas.
Antaño, estas fábricas se establecían por lo general en el extranjero para evitar la represión de las autoridades japonesas, según Mainichi Shimbun.
Sin embargo, muchas bandas dedicadas a la falsificación de tarjetas de residencia han trasladado sus operaciones a Japón para agilizar su venta en medio de una creciente demanda. De este modo ahorran tiempo.
Estos delincuentes se publicitan asegurando que pueden enviar las tarjetas dos días después de recibir los pedidos. Los documentos adulterados son vendidos por 10.000 a 20.000 yenes.
La intervención de policías y funcionarios de inmigración no detiene la demanda. Después de que se allanó una fábrica en Saitama en enero, aumentaron los pedidos en una planta en Osaka. Y cuando la policía intervino la fábrica de Osaka en febrero, se abrió una nueva en Saitama.
Las autoridades japonesas, que están en alerta para evitar que personas que permanecen de manera ilegal en el país o trabajan sin autorización las utilicen, han descubierto que los chinos tienen una participación activa.
Un chino de 34 años que trabajaba en la fábrica de Osaka relató que le ofrecieron el empleo a medio tiempo por una buena paga. Un compatriota lo entrenó en el trabajo.
Una autoridad nipona de alto rango advirtió de que existen numerosas redes de este tipo y que las fábricas descubiertas son la punta del iceberg.
Además, las falsificaciones son cada vez más sofisticadas. «Es difícil distinguir las tarjetas falsas de las verdaderas de un vistazo», declaró a Mainichi una persona relacionada con el tema.
En 2018, la policía de Japón tomó acciones contra 438 extranjeros, una cifra récord, por proporcionar o poseer tarjetas de residencia falsificadas. Ese año, 16.269 extranjeros fueron deportados; de ellos, 10.086 fueron acusados de trabajar ilegalmente en Japón.
Aunque el gobierno de Japón exhorta a las empresas que verifiquen la autenticidad de las tarjetas de residencia de los extranjeros que contratan, algunas se hacen la vista gorda debido a la escasez de mano de obra. (International Press)
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