El expresidente de Nissan Carlos Ghosn obtuvo hoy la libertad bajo fianza, lo que supone un giro inesperado en su caso y le permitirá abandonar la cárcel después de más de tres meses detenido, y bajo unas estrictas condiciones de vigilancia.
El tribunal de Tokio que instruye en el caso aceptó este martes la petición que había presentado la semana pasada el nuevo equipo de abogados de Ghosn, tras rechazar dos solicitudes presentadas previamente por sus anteriores representantes legales.
El juez impuso una fianza de 1.000 millones de yenes (7,8 millones de euros/8,9 millones de dólares) a Ghosn, según informó en un comunicado el tribunal tokiota, que además estableció una serie de condiciones para garantizar que el ejecutivo francobrasileño no pueda huir de Japón ni destruir pruebas.
La decisión ha sido recurrida por la fiscalía ante otra instancia judicial y, en caso de ser ratificada, permitirá al exdirectivo de Nissan abandonar este mismo martes o el miércoles el centro de detención de Tokio donde permanece bajo arresto provisional desde el pasado 19 de noviembre.
La medida ha causado gran sorpresa en Japón, donde no es habitual que se conceda la libertad bajo fianza a un acusado hasta poco antes de que comience el proceso en su contra, y representa una primera victoria para la nueva defensa legal de Ghosn, liderada por el abogado-estrella Junichiro Hironaka.
Entre estos requerimientos figura colocar una cámara a la entrada del domicilio de Ghosn para que las autoridades puedan vigilar sus movimientos en todo momento, y entregar su pasaporte a sus abogados para evitar que abandone el país.
El letrado, conocido sobre todo por representar con éxito a varios políticos y altos funcionarios involucrados en casos de corrupción, expresó su satisfacción ante la decisión de hoy y señaló que su cliente aceptará las «estrictas» condiciones fijadas por el tribunal.
Entre estos requerimientos figura colocar una cámara a la entrada del domicilio de Ghosn para que las autoridades puedan vigilar sus movimientos en todo momento, y entregar su pasaporte a sus abogados para evitar que abandone el país, explicó Hironaka en declaraciones a los medios nipones.
El tribunal había denegado las dos peticiones anteriores de libertad bajo fianza con el argumento de que el detenido podría destruir pruebas en su contra o huir de Japón.
El ejecutivo está acusado de ocultar supuestamente a las autoridades millonarias compensaciones pactadas con Nissan Motor y violar la confianza de la empresa al utilizar presuntamente fondos de esa firma para cubrir pérdidas financieras personales, además de realizar unos pagos al parecer injustificados a un empresario saudí.
Ghosn afirmó ser inocente de todos estos cargos en su primera comparecencia ante un tribunal en enero, y en varias entrevistas concedidas desde la cárcel aseveró que su detención se debía a un «complot» en su contra montado por directivos de Nissan cuando intentó profundizar la alianza con Renault y Mitsubishi Motors.
A mediados de febrero, el exdirectivo decidió cambiar su estrategia de defensa dirigida hasta entonces por el exfiscal Motonari Otsuru, después de que fueran rechazadas sus dos peticiones de libertad bajo fianza y de que éste afirmara que era poco probable que se le concediera dicho derecho hasta el arranque del juicio.
El nuevo jefe de su equipo de abogados, en cambio, se mostró confiado en poder lograr «lo antes posible» su liberación gracias a los «argumentos convincentes» que había presentado ante la fiscalía, en una rueda de prensa celebrada el lunes en Tokio.
Hironaka señaló además una serie de puntos «peculiares» o «dudosos» en los cargos presentados contra Ghosn y que a su juicio «hacen posible» que el expresidente de Nissan Motor pueda salir victorioso del juicio cuyo comienzo se prevé hacia otoño.
El letrado también cargó contra lo que considera «injusticias» del sistema judicial nipón, como que se permita a la fiscalía prolongar indefinidamente el período de detención de un sospechoso mientras le interrogan y recaban pruebas para presentar una acusación formal.
En la misma línea, la familia del ejecutivo de 64 años ha recurrido a una instancia de la ONU para cuestionar su detención, que hasta hoy se alarga 107 días, que considera arbitraria y dirigida a obligarle a autoinculparse. EFE
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