El año pasado, el gobierno de Japón ejecutó a condenados a muerte cuyas apelaciones en búsqueda de un nuevo juicio estaban pendientes de resolución. Fue el caso de tres de las cuatro personas que fueron ejecutadas.
Por ello, Amnistía Internacional acusó a Japón de incumplir las normas internacionales, informó la agencia Kyodo.
Chiara Sangiorgio, consejera de AI sobre la pena de muerte, hizo notar que es la primera vez que esto ocurre desde 1999.
Asimismo, dijo que uno de los muertos era menor de edad cuando cometió los asesinatos que lo condenaron a la pena máxima.
«Parece que las cosas no están mejorando y vemos una especie de crueldad», declaró a Kyodo.
Por otro lado, la representante de AI dijo estar preocupada por la suerte de los 13 miembros de la secta Verdad Suprema, condenados a muerte por el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, en el que murieron 13 personas y más de 6.000 enfermaron.
Algunos de los condenados están buscando nuevos juicios. Según Sangiorgio, esto no debe ignorarse considerando que antaño ha habido condenas poco sólidas. También se refirió con preocupación a los miembros de la secta que “están mostrando síntomas de discapacidad mental e intelectual”.
«Creemos que la pena de muerte no desalienta el crimen y que estas ejecuciones harán poco para mejorar la seguridad en el país», dijo.
Sin embargo, la mayoría de la gente en Japón aprueba la pena de muerte. O lo hacía hace cuatro años. En 2014, el 80,3 % de los japoneses de 20 años o más dijeron estar a favor de la pena capital, según un sondeo del gobierno nipón. (International Press)
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