Evacuados por el accidente nuclear de Fukushima y la organización ecologista Greenpeace denunciarán la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los supuestos abusos cometidos por el Gobierno nipón tras la catástrofe.
Una representante de este colectivo expondrá ante el órgano multinacional la delicada situación en la que se encuentran tras verse obligados a abandonar sus hogares después del accidente nuclear, con el objetivo de exigir responsabilidades al Ejecutivo, según confirmó a Efe Greenpeace Japón.
«Queremos atraer la atención de la comunidad internacional sobre un problema que el Gobierno japonés está tratando de ocultar para poder seguir adelante con la reactivación de centrales nucleares», señaló la experta de energía de Greenpeace Kendra Ulrich.
Los evacuados por el accidente atómico han sufrido «claras violaciones» de numerosos derechos básicos e internacionalmente reconocidos, entre ellos el derecho a la vivienda, a estándares mínimos de salud o los de los desplazados internos, según un informe presentado el pasado marzo por Greenpeace y otras ONG niponas.
Entre las decenas de miles de personas desplazadas por el accidente del 11 de marzo de 2011, muchos se han visto forzados a retornar a sus hogares en áreas próximas a la central siniestrada donde los niveles de radiactividad superan los niveles considerados seguros, señalan las ONG.
El pasado marzo, cuando se cumplieron seis años de la catástrofe, el Gobierno puso fin a los programas de ayudas a la vivienda para los evacuados de Fukushima, lo que en la práctica supuso que muchas personas se vieron obligados a retornar a zonas previamente declaradas inhabitables.
El Ejecutivo asegura que los niveles de radiactividad en las áreas donde se ha levantado la orden de evacuación son seguros, una versión de la que desconfían tanto los desplazados como las ONG, cuyas mediciones propias apuntan a dosis mucho más altas que las oficiales.
Una de las afectadas, Mitsuko Sonoda, relatará su experiencia durante una intervención el día 12 de octubre ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, en el marco de la revisión periódica de la situación de los derechos humanos a nivel global que lleva a cabo dicho órgano multinacional.
Su testimonio, unido al de otros evacuados y a los informes de las ONG, podría conducir al Consejo de la ONU a investigar el caso, dentro de la evaluación que este órgano tiene previsto publicar en 2018 sobre la situación de los derechos humanos en Japón.
El terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011 provocaron en la central de Fukushima el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986, y sus efectos aún mantienen evacuados a decenas de miles de personas y dañan actividades económicas como la pesca o la agricultura locales. (EFE)
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