El Ejecutivo nipón anunció que volverá a enviar a Corea del Sur a sus diplomáticos llamados a consultas en pasado enero a raíz del nuevo encontronazo entre Tokio y Seúl por la cuestión de las «esclavas sexuales».
La polémica en torno a una estatua colocada frente al consulado japonés en la ciudad surcoreana de Busan (sureste) ha sido el último episodio en las frecuentes tensiones diplomáticas entre los dos países vecinos por el asunto de las mujeres prostituidas forzosamente por las tropas imperiales niponas.
Japón ha decidido volver a enviar a su a su embajador en Seúl, Yasumasa Nagamine, y a su cónsul en Busan, Yasuhiro Morimoto, que regresaron al país a comienzos de enero en protesta por la estatua, y a pesar de que «no ha habido progresos» en el enfrentamiento, según dijo el portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga.
El ministro nipón de Asuntos Exteriores japonés, Fumio Kishida, afirmó que la llamada a consultas de los diplomáticos «no ha dado resultado» para lograr la retirada de la estatua que reclamaba Tokio, y pidió a Seúl que «cumpla lo acordado» sobre el tema de las esclavas sexuales, en declaraciones recogidas por la agencia local Kyodo.
La escultura simboliza a las cerca de 200.000 mujeres, niñas y adolescentes -en su mayoría coreanas- que fueron obligadas a prostituirse por las tropas imperiales niponas desde los años treinta del siglo pasado y, sobre todo, al final de la II Guerra Mundial.
El conflicto de las esclavas sexuales, llamadas eufemísticamente «mujeres de confort», ha causado en las últimas décadas frecuentes roces entre Corea del Sur y Japón, y se ha convertido en el principal escollo en sus relaciones bilaterales.
Los gobiernos de ambos países firmaron a finales de 2015 un acuerdo para dar por zanjado el asunto, que contempla las disculpas oficiales de Japón y una compensación económica de 1.000 millones de yenes (unos 8,1 millones de euros) para restaurar «el honor y la dignidad» de las víctimas.
La instalación de la estatua responde ahora a la protesta de ciertas organizaciones de apoyo a las víctimas, que se opusieron a dicho pacto al considerarlo insuficiente. (EFE)
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