Greenpeace y otras ONG denunciaron que el Gobierno nipón está «forzando» a los evacuados de Fukushima a retornar a sus hogares en zonas próximas a la central accidentada y declaradas seguras, pese a los elevados niveles de radiactividad.
Una plataforma de organizaciones no gubernamentales acusó al Ejecutivo de «tratar de normalizar la situación en Fukushima» y de «vulnerar los derechos humanos» de los evacuados, cinco días antes del sexto aniversario del peor accidente nuclear desde el acaecido en Chernóbil (Ucrania) en 1986.
Estas son las conclusiones de un informe realizado por Greenpeace Japón, Human Rights Now y otras ONG niponas, y basado en mediciones de la radiactividad en áreas cercanas a la planta de Fukushima Daiichi.
El documento señala que la radiación en gran parte de la localidad Iitate -declarada habitable a partir del próximo abril- supera ampliamente el umbral seguro para la salud humana.
Las ONG detectaron allí niveles de hasta 2,61 milisieverts anuales, más del doble del techo de 1 milisievert recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CPR), y que acumulado supone «un serio riesgo a largo plazo para quienes retornen a sus hogares».
Los niveles son aún mayores en zonas forestales de Iitate, que suponen el 75 por ciento del municipio, donde la radiactividad «es comparable a la zona de exclusión de Chernóbil», en la que el acceso sigue prohibido más de 30 años después del accidente.
Estas dosis de radiación representan «un peligro mucho más elevado» para mujeres y niños, grupos demográficos «mucho más vulnerables a los efectos de la radiación acumulada» que los hombres adultos.
«No hay retorno posible a la normalidad en Iitate», afirmó la experta de Greenpeace Kendra Ulrich, quien añadió que a la industria atómica «no le interesa que exista una amplia zona de exclusión, puesto que simboliza la irreversibilidad de un accidente nuclear».
Asimismo, a finales de mes concluirá el programa de ayudas estatales para los evacuados de Fukushima consistente en alojamientos temporales gratuitos o viviendas de alquiler subvencionadas.
El Estado costeaba estos gastos tanto para los originarios de municipios dentro de la zona de exclusión -un área que se ha reducido de forma paulatina gracias a las tareas de descontaminación- como para quienes abandonaron sus hogares «de forma voluntaria».
Unas 12.000 personas se quedarán sin estas ayudas en abril, lo que en la práctica significa «una coacción económica y una vulneración deliberada de sus derechos básicos», según Ulrich.
El Gobierno, no obstante, seguirá pagando durante un año estos subsidios a quienes residían en aquellas localidades que permanecen dentro de la «zona de exclusión».
«Es un crimen hacer volver a la gente a zonas que no son seguras. Estamos siendo abandonados por el Gobierno», afirmó por su parte Noriko Matsumoto, representante de un centro de ayuda a evacuados y colaboradora del informe. (EFE)
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