El Gobierno de Perú se encuentra hoy a la expectativa de una deportación del expresidente Alejandro Toledo de Estados Unidos, apelando a sus normas migratorias, para que responda por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por una millonaria coima de la empresa Odebrecht.
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, explicó en entrevista con RPP Noticias que «se identificó que existe una norma, en el marco de las competencias que tiene la ley de migración en Estados Unidos, (con la cual) el Departamento de Estado puede evaluar deportar a una persona».
Esta opción fue comentada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a su colega Donald Trump en la conversación telefónica que tuvieron ayer sobre la búsqueda del exmandatario (2001-2006) que se presume está en San Francisco.
Sobre Toledo pesa una orden de detención preventiva por 18 meses por supuestamente recibir una coima de 20 millones de dólares para dar la concesión de la carretera Interoceánica a Odebrecht en 2014.
Zavala añadió que «esto lo tiene que evaluar el Departamento de Estado y verá si aplica o no».
No obstante, las autoridades estadounidenses han respondido al pedido inicial de detención que requieren mayor información para que un juez pueda aprobar una eventual deportación de Toledo.
El premier coincidió en que la otra opción para lograr la deportación de Toledo es «el mecanismo del Departamento de Justicia con la información que envía el juez» sobre el proceso abierto en Perú.
Sobre esa solicitud de información adicional, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, declaró hoy que el sistema judicial penal ha cumplido con una serie de pedidos de detención previsora con fines de extradición, «pero la autoridad judicial de Estados Unidos ha pedido un informe adicional y se va a cumplir con ello».
Sánchez añadió que la investigación preparatoria contra Toledo está formalizada y «se ha pedido prisión preventiva porque existen elementos probatorios suficientes que identifican delitos y lo vinculan a él, de modo que no hay persecución política, sino penal».
El primer ministro remarcó que el Gobierno peruano ha actuado con todos los mecanismos que le faculta la ley para evitar las acusaciones de una presunta persecución política como sostiene el expresidente (2001-2006).
«No hemos ido más allá de la ley, no hay ninguna interferencia política, nos hemos cuidado de estar dentro del marco de la ley en el Perú y en el extranjero», expresó.
Toledo denunció ayer ser víctima de una «caza de brujas» y agregó que llamarlo «fugitivo» es una distorsión maquiavélica, al negar los cargos que se le imputan mediante un mensaje en Twitter.
De otro lado, el Gobierno ha creado el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR) para recaudar el pago de las reparaciones civiles de empresas sentenciadas o que hayan aceptado su responsabilidad en actos de corrupción, según un decreto de urgencia anunciado ayer por Kuczynski en mensaje a la Nación.
El fondo forma parte de una serie de medidas para evitar la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas y «la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país», como consecuencia de actos de corrupción de empresas concesionarias o contratistas, precisó la norma.
El Ministerio de Justicia debe pedir al procurador Público la cifra que corresponda por reparación civil por concepto de daños y perjuicios.
Además, el decreto de urgencia aprobó la suspensión del derecho de realizar transferencias al exterior de cualquier persona o representante de empresa sentenciada por corrupción o que haya admitido la comisión de los delitos contra la administración pública, lavado de activos o sus equivalentes.
Kuczysnki declaró ayer que el Estado peruano no volverá a contratar a la constructora brasileña Odebrecht y le obligará a cumplir con sus deudas en Perú antes de transferir sus recursos al exterior. EFE
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