Un juez peruano dictó hoy una orden de captura nacional e internacional contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y su posterior encarcelamiento preliminar por 18 meses por supuestamente haber cobrado 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El magistrado Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, declaró fundado el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien imputa al exmandatario los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
Toledo se encuentra fuera de Perú, y aparentemente estuvo el pasado fin de semana en París, aunque su residencia habitual la tiene en Estados Unidos, donde trabaja como investigador en la Universidad de Stanford.
Esa circunstancia fue uno de los motivos que esgrimió el magistrado para ordenar el ingreso en prisión de Toledo una vez que pueda ser capturado, mientras que otras razones fueron la complejidad del caso y la gravedad de los delitos imputados, con penas de al menos cuatro años de prisión.
Además, indicó que los «elementos de convicción» existentes son suficientes y «respaldan con alto grado de fiabilidad» las acusaciones contra el expresidente.
El juez rechazó así la solicitud realizada por el abogado de Toledo, el exongresista Heriberto Jiménez, para que el expresidente tuviera un régimen de comparecencias periódicas en el juzgado, en lugar de tener que permanecer en prisión mientras continúa la investigación.
Según el fiscal Hamilton Castro, Odebrecht y Toledo acordaron que el pago de 20 millones de dólares en favor del mandatario si lograba la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.
A cambio, Toledo se encargaría de que los plazos no se posterguen y que se pudieran modificar las cláusulas del contrato para impedir la competencia empresarial de la obra, adjudicada por 1.184 millones de dólares, y con un coste final de 2.346 millones de dólares, según la Contraloría (tribunal de cuentas).
De los 20 millones de dólares en sobornos, la Fiscalía tiene identificados un poco más de nueve millones de dólares pagados entre 2006 y 2010 en cuentas de empresas «offshore» de Josef Maiman, el empresario peruano-israelí que fungió de testaferro del presidente, indicó Castro.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, cuyos responsables confesaron a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios de Perú entre los años 2005 y 2014.
Ese período de pagos ilícitos comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). EFE
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