El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Manuel Burga, extraditado la pasada semana a Estados Unidos, quedó hoy en libertad bajo fianza a la espera de que comience el juicio por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la FIFA, anunció hoy su abogado, César Nazazaki.
El letrado indicó al Canal N de televisión que el tribunal estadounidense a cargo del caso decidió que Burga no permanezca en prisión hasta que el próximo año comience el juicio, donde está acusado de asociación ilícita para delinquir.
Burga permaneció encarcelado más de un año en Perú mientras se tramitaba su extradición, período en el que la justicia estadounidense le negó su petición de excarcelación.
Nakazaki señaló que el expresidente de la FPF no necesitó realizar ningún pago para lograr la libertad bajo fianza en Estados Unidos porque le bastó con presentar como garantía los inmuebles que tiene en propiedad.
Burga se comprometió, a cambio, a presentarse cuando comience el juicio en el momento que sea establecido por las autoridades estadounidenses.
El acusado fue extraditado el viernes de Perú a Estados Unidos después de que la justicia peruana accediera a la petición por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, y que esta fuera recientemente ratificada por el Gobierno peruano.
Sin embargo, desestimó extraditarlo por los delitos de fraude electrónico, por no encontrar uno similar en las leyes peruanas, y de lavado de dinero.
Burga fue incluido en diciembre de 2015 entre los 16 nuevos altos cargos y exdirectivos de la FIFA acusados por la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, de corrupción y de «secuestrar» el fútbol para enriquecerse durante 24 años.
La investigación por sobornos que presuntamente alcanzarían los 200 millones de dólares incluye 92 cargos por delitos que van desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero, y los acusados se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.
Burga se encuentra entre los dirigentes sudamericanos acusados de haber recibido sobornos de la empresa Datisa en el proceso de la adjudicación de los derechos de televisión de la Copa América para sus ediciones de 2015, 2016, 2019 y 2023.
El extraditado se desempeñó como presidente de la FPF entre 2002 y 2014, cuando declinó optar a un cuarto mandato consecutivo bajo sospechas de corrupción y en medio de acusaciones por presuntamente contravenir las normas de la Federación, que solo contemplaban dos reelecciones.
En el momento de su detención ejercía el cargo de coordinador general de proyectos de desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). EFE
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