Millonaria demanda contra yakuza por estafas a ancianas

Víctimas exigen 220 millones de yenes de compensación a mafiosos

7 personas han presentado una demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio exigiendo 220 millones de yenes (2,142 millones de dólares) en compensación por daños y perjuicios a siete yakuza, informó Mainichi Shimbun.

Entre ellos figuran Shigeo Nishiguchi, líder de la banda Sumiyoshi-kai, y otros dos miembros de alto rango.

La demanda es el primera que busca sindicar a miembros de alto rango de una importante organización yakuza como responsables por casos de fraude cometidos por gente bajo su control.

Los siete demandantes son mujeres de 63 a 86 años que viven en las regiones de Kanto y Kinki.

Entre enero y julio de 2014, los estafadores llamaron a las víctimas para sacarles desde 7,5 millones (72.980) hasta 85 millones de yenes (827.100 dólares) como pago por inexistentes derechos para comprar bonos.

Por estos casos la policía detuvo a 33 personas. Una de ellas, el segundo al mando de una banda yakuza, ha sido condenado a 10 años de prisión.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Policía (NPA), 826 personas, equivalente al 33 % de personas involucradas en este tipo de estafas en 2015, estaban vinculados a la yakuza.

Las modalidades de fraude incluyen aquella en la que los estafadores se hacen pasar por parientes de las víctimas para sacarles dinero.

Si los peces gordos de la mafia nipona son hallados culpables, esto podría servir como un elemento de disuasión contra este tipo de delitos, resaltó Mainichi.

En esa línea, uno de los abogados de las víctimas, Akira Takeuchi, declaró que la demanda podría ayudar a cortar las fuentes de financiación de los grupos yakuza.

Por su parte, un policía afirmó que el caso podría debilitar a los mafiosos y servir como un precedente en la recuperación de los daños causados ​​por los fraudes.

Se estima que el número total de víctimas de estos delincuentes asciende a 170 por un monto de al menos 1.500 millones de yenes.

La demanda se acoge al marco de la ley para la prevención de actos ilícitos por miembros de grupos del crimen organizado. (International Press)