100 países, entre ellos Japón, cooperarán para evitar la evasión fiscal de multinacionales

Imagen: panamapapers.icij.org

 


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Cada año se pierden entre 100.000 y 240.000 millones de dólares

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) consideró que para comienzos de 2017 unos 100 países y regiones se habrán unido a su marco para combatir la evasión fiscal de las multinacionales.

El director del comité de política fiscal del organismo, Pascal Saint-Amans, dijo en la inauguración de la reunión de dos días que se celebra en Kioto (oeste de Japón), que la iniciativa para la Erosión de la Base de Imposición y la Transferencia de Beneficios (BEPS en inglés) supone un “gran giro en tributación internacional”.

Saint-Amans recordó en rueda de prensa que 46 países ya han aceptado unirse -35 miembros de la OCDE, ocho no integrantes y tres que aún negocian los últimos flecos- y que se prevé que al término de la reunión de Kioto se sumen otras 34 jurisdicciones más entre las que se cuentan Singapur, Hong Kong o Uruguay.

El economista ha apuntado también que otros 30 países participarán en este foro de Kioto con intención de unirse a la iniciativa, para lo cual dispondrán de un plazo de seis meses.

Según el organismo con sede en París, se cree que las pérdidas recaudatorias resultantes de la optimización fiscal de las multinacionales se sitúan cada año entre los 100.000 y los 240.000 millones de dólares (entre 90.000 y 215.000 millones de euros).

Estas prácticas son especialmente dañinas para las economías en desarrollo dada su mayor dependencia de la tributación de las grandes empresas.

Durante el foro de Kioto se debatirá también la creación de otro marco para identificar a los Estados que no cooperen con los compromisos de transparencia fiscal de la OCDE de cara al estreno, el próximo año, de un sistema de intercambio de información automático que involucrará también a unos 100 países y regiones.

De cara a que esta iniciativa sea más eficaz, la OCDE considerará el introducir a los países que no cumplimenten estos estándares en una “lista negra” a partir de 2017, e incluso contemplará la aplicación de penalizaciones.

Aunque los esfuerzos para combatir el fraude se han acelerado en los dos últimos años en el marco del G20, la campaña ha ganado urgencia tras la filtración, el pasado marzo, de los llamados “Papeles de Panamá”. (EFE)

 


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