Funcionarios pueden pasar hasta 10 años en la cárcel por filtrar información
Una controvertida ley de secretos oficiales que pretende endurecer las penas para los que filtren estos datos entró hoy en vigor en Japón pese a las protestas de grupos ciudadanos que insisten en que la norma permite a la administración vulnerar el derecho a la información.
Bajo la ley, refrendada por el parlamento en diciembre de 2013, los responsables de 19 ministerios y agencias del Gobierno nipón pueden designar como secretos de Estado información que consideren «delicada» en las áreas de diplomacia, defensa, lucha contra el terrorismo y contraespionaje.
El primer ministro Shinzo Abe, cuyo formación, el Partido Liberal Demócrata (PLD), ha promovido la creación de la ley, asegura que este marco permitirá el intercambio de información «delicada» con otros países y forjar así lazos más sólidos con ellos en estos terrenos.
La designación de estos secretos, que se clasifican en 55 categorías (desde desarrollo de armamento hasta imágenes captadas por satélite), inicialmente tiene una validez de cinco años que puede extenderse hasta los 30 e incluso a un máximo de 60 años si el Gabinete lo aprueba por motivos de seguridad nacional.
Un sondeo realizado por la agencia de noticias Kyodo entre los 19 organismos con capacidad para clasificar información apunta a que unos 460.000 documentos distintos entrarán a partir de hoy en esta categoría.
Los funcionarios o civiles que filtren estos secretos se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión, mientras que aquellos que instiguen a otra persona a filtrar dichos datos, incluidos los periodistas, encararán hasta 5 años de cárcel.
Aquellos grupos críticos con la ley consideran que la definición de lo que constituye un «secreto» es muy vaga en el texto aprobado en las Cortes y que ello permitirá al Gobierno ocultar información con unos criterios discutibles.
También han denunciado la ausencia de un organismo de control independiente, ya que las entidades que supervisarán el proceso están bajo control del Ejecutivo.
El pasado fin de semana miles de personas protestaron en las ciudades como Tokio, Nagoya, Hiroshima o Fukuoka la entrada en vigor de la ley.
En las manifestaciones convocadas por estos grupos, integrados por estudiantes, abogados, periodistas o jubilados, se exigió que esta polémica ley tenga un mayor peso en la campaña para las elecciones adelantadas que se celebran este domingo. (EFE)
