Cada año 150.000 niños japoneses son separados por completo de uno de sus dos padres
Andrés Sánchez Braun / EFE
Divorciarse teniendo hijos en Japón puede suponer la pérdida de contacto total entre los menores y uno de los progenitores ya que en el país no existen ni la custodia compartida ni los regímenes de visita, algo que luchan por cambiar los grupos de los llamados «padres abandonados».
Rina Furuichi es uno de estos progenitores que quedaron atrás y lleva años luchando por poder ver regularmente a su hija.
Un buen día al volver a casa se encontró con que su marido había cambiado la cerradura: ese simple gesto bastó para que perdiera a su niña tal y como cuenta ella en el documental «From the shadows» («Desde las sombras»), donde se describe esta problemática.
El juez de familia otorgó al padre la patria potestad, no tanto por el hecho de que fuera considerado el más apto para mantenerla y educarla, sino porque en el momento de presentar la demanda de divorcio era él el que tenía a su cargo a la pequeña en la casa a la que su mujer ya no podía acceder.
El contar con la custodia física del menor o menores supone obtener la potestad sobre ellos en nueve de cada diez casos, según subrayan los colegios de abogados nipones, lo que hace que muchos progenitores intenten llevarse forzosamente a los niños antes de plantarse ante el juez.
Esto se debe a que la actual legislación está enraizada en el sistema medieval del «ie» (hogar en japonés), por el cual cada vivienda constituía una unidad familiar donde el patriarca (antiguamente casi siempre un hombre) tenía poder absoluto dentro del domicilio, un ámbito en el que el Gobierno no tenía potestad.
De este modo, a día de hoy los juzgados de familia buscan por todos los medios lograr que las partes alcancen acuerdos al margen del tribunal para evitar tener que fallar en favor de uno u otro y así tener que interferir en los asuntos del «ie».
Es por eso que, en caso de no haber acuerdo, la custodia física se convierte en un factor definitivo que el juez esgrime bajo el argumento de que permanecer en el lugar de residencia actual es la opción menos traumática para los menores.
La imposibilidad de compartir la custodia y el que los regímenes de visitas propiamente dichos sean inexistentes supone que unos 150.000 niños japoneses (1 de cada 6 hijos de divorciados en el país) resulten cada año separados por completo de uno de sus dos padres, al menos hasta cumplir los 20, la mayoría de edad en Japón.
Son los datos los aporta la ONG japonesa Kizuna, que trabaja para reformar la ley familiar en el país y para asesorar a «padres abandonados».
De momento, con el actual marco legal muchos padres tienen que resignarse a intentar alcanzar un acuerdo con el progenitor que tiene la patria potestad -normalmente a cambio de una contraprestación económica a modo de pensión alimenticia- para que éste le permita visitar a su prole.
Las condiciones de muchos acuerdos son draconianas y, peor aún, los tribunales de familia no tienen potestad en ningún caso para hacerlos cumplir.
El español Antonio Blanco Castellano sufre esta dura situación, ya que le abona cada mes a su exmujer japonesa 35.000 yenes (unos 255 euros) a cambio de ver a la niña durante un mes cada año y siempre en compañía de la madre.
No obstante, tras viajar en diciembre de 2012 a Japón desde España, su lugar de residencia, su expareja le impidió ver a la pequeña.
Lo único que los tribunales nipones pudieron hacer en este caso fue imponer a su exmujer una multa de 50.000 yenes (366 euros), pero nunca obligarla a cumplir lo pactado.
Aun así, algunos pasos ya se han empezado a dar para intentar lograr un cambio de legislación.
El más importante tuvo lugar el pasado febrero, cuando se formó por primera vez un comité integrado por 50 parlamentarios japoneses, entre los que se cuenta el exministro de Justicia Okiharu Yasuoka, para estudiar un la posibilidad de una modificación legislativa.
«Esto supone un progreso bueno y significativo», explicó a Efe John Gómez, «padre abandonado» estadounidense y miembro de Kizuna que insistió en señalar que el actual marco japonés propicia una «violación de los derechos humanos de todos estos niños cada año».
