Un panel de expertos del Ministerio de Justicia (Homusho) emitió un informe oficial que recomienda penalizar a los clientes que soliciten servicios de prostitución en la vía pública. La medida busca frenar la proliferación de este problema social en las calles del país y corregir un vacío histórico en la actual Ley de Prevención de la Prostitución, vigente desde 1956, la cual no contempla sanciones penales para el comprador de sexo.
El documento, que sienta las bases para una inminente reforma legislativa, concluye que la impunidad de quienes buscan comprar servicios sexuales agrava la situación en zonas urbanas.
Tras meses de deliberaciones, la mayoría de los expertos del panel coincidió en que «es necesario corregir el desequilibrio de la ley» y que «se debe establecer algún tipo de regulación». Por ello, solicitar prostitución desde el lado del comprador pasará a ser un acto castigado por la ley.
PROTECCIÓN A MUJERES
Respecto a las personas que ofrecen los servicios sexuales, el comité consideró apropiado mantener las sanciones vigentes, pero exigió un cambio de enfoque hacia la asistencia social.
El informe subraya de manera textual: «Dado que muchas personas necesitan protección y apoyo, es importante responder según las circunstancias individuales».
Esta reforma responde a la crisis generada por el alarmante aumento de mujeres jóvenes paradas en las calles (tachimbo) en zonas como el parque Okubo en Shinjuku.
Organizaciones civiles y autoridades policiales advierten que muchas de estas jóvenes son víctimas de explotación, empujadas a la calle por deudas exorbitantes con clubes de anfitriones o por situaciones de pobreza extrema. (RI/AG/IP/)
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