La Corte Suprema de Japón desestimó la apelación de la Iglesia de la Unificación y ratificó de forma definitiva su orden de disolución tras confirmar que cometió actos ilícitas organizados durante casi 50 años.
La decisión, emitida ayer martes 23 de junio, marca el inicio del proceso de liquidación de la entidad, la cual perderá sus privilegios legales a pesar de las protestas de su directiva y la total ausencia de disculpas públicas hacia las miles de víctimas.
MEDIO SIGLO DE ABUSOS
El fallo de la Tercera Sala Penal del máximo tribunal ratificó la sentencia previa del Tribunal de Alto de Tokio dictada hace tres meses. La justicia determinó que, entre 1973 y 2022, la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial (nombre oficial del grupo) ejecutó una «participación organizada» en actividades delictivas.
Estas maniobras incluyeron la extorsión de donaciones masivas y la llamada venta espiritual (reikan shoho), un sistema fraudulento que despojó de sumas millonarias a sus seguidores.
Con la disolución confirmada, la secta habilitó un sitio web de liquidadores donde convoca a las personas que posean derechos de cobro a presentar sus reclamos para programar una compensación.
Paralelamente, el gremio de abogados defensores instó a los afectados a reclamar indemnizaciones por daños morales, asegurando que poseen herramientas legales para litigar con éxito incluso si los damnificados ya no conservan los recibos físicos de los pagos.
SIN TEMOR A SEGUIR OPERANDO
De acuerdo con el periodista de investigación criminal Fumiaki Tada, especializado en fraudes y estafas, el dictamen judicial representa un avance histórico para la justicia, aunque la postura de la cúpula eclesiástica genera alarma.
En lugar de reconocer los agravios, la organización emitió un comunicado interno para sus fieles calificando la medida como «extremadamente lamentable» y argumentando que la pérdida del estatus legal impondrá una «grave carga psicológica y religiosa que no se puede pasar por alto».
Tada advierte que, tras perder su registro estatal, la secta mantendrá sus operaciones bajo la figura jurídica de una asociación voluntaria. Al no existir un arrepentimiento explícito ni una revisión de sus doctrinas financieras, persiste el temor social de que la organización reactive sus mecanismos de coacción orgánica y continúe generando víctimas de manera clandestina en el país. (RI/AG/IP/)
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