La Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Consejeros aprobó hoy a la medida que busca elevar sustancialmente el tope de las tarifas para los trámites migratorios de los extranjeros residentes. Con el voto a favor del bloque oficialista y el respaldo clave de agrupaciones aliadas como el Partido Democrático para el Pueblo y Sanseito, la propuesta se coloca en la recta final y se encamina al pleno del Senado hoy viernes, donde se prevé su inminente aprobación definitiva para convertirse en ley.
La contienda política en torno a esta reforma ha sido intensa debido al impacto directo que este drástico ajuste tarifario tendrá sobre el costo de vida de la comunidad extranjera en el archipiélago.
Durante su paso previo por la Cámara de Representantes, la coalición de reforma moderada y el bloque comunista plantaron una férrea defensa en contra de la iniciativa.
Del mismo modo, en la comisión del Senado, el Partido Democrático Constitucional y el Partido Comunista unieron fuerzas para votar en contra, argumentando un golpe desproporcionado a los residentes, mientras que el partido Komeito respaldó firmemente la estrategia gubernamental para inclinar la balanza a favor de la aprobación.
El nuevo esquema táctico de precios plantea un incremento severo en los techos legales permitidos. El límite máximo regulatorio para la renovación o cambio de estatus de residencia (zairyu shikaku) se disparará de los actuales 10.000 yenes hasta los 100.000 yenes, mientras que el tope para obtener el permiso de residencia permanente (eiju kyoka) escalará de forma espectacular de 10.000 a 300.000 yenes.
Aunque las tarifas reales de cobro se fijan actualmente por decreto en 6.000 yenes para renovaciones y 10.000 yenes para la residencia permanente, el Ejecutivo ya perfila un fuerte ajuste donde los costos reales de renovación oscilarán entre los 10.000 y 70.000 yenes según el periodo otorgado, y la residencia permanente rondará los 200.000 yenes.
Para evitar que los sectores más vulnerables queden fuera de juego ante esta escalada de precios, el proyecto de ley contempla una cláusula de salvaguarda que permitirá la exención o reducción de los pagos a quienes demuestren dificultades económicas graves.
El gobierno central contempla aplicar este beneficio principalmente por criterios humanitarios, protegiendo a personas en situación de extrema pobreza o que posean el estatus oficial de refugiado.
Durante los intensos debates en el hemiciclo, llovieron las críticas de los legisladores de la oposición, quienes señalaron que este brutal aumento está completamente divorciado de la realidad del sector privado y exigieron transparencia absoluta en el destino de los nuevos fondos.
En respuesta a esta presión, la comisión adoptó una resolución complementaria que obliga al Estado a destinar el superávit de la recaudación exclusivamente a políticas de convivencia multicultural. Tras este importante paso, la Agencia de Servicios de Inmigración asumirá la tarea de trazar las directrices oficiales que definirán las reglas de elegibilidad para los alivios financieros de los residentes damnificados. (RI/AG/IP/)
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
