El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón implementará el próximo 1 de junio una revisión integral de los honorarios médicos, el sistema oficial que estipula los precios de los servicios de salud pública en el país.
La reforma, orientada a mitigar el impacto de la inflación y a financiar el aumento de los salarios en el sector sanitario, elevará el costo de la consulta inicial en al menos 190 yenes. Asimismo, la nueva normativa facultará legalmente a las instituciones médicas para facturar una tarifa por cancelación a aquellos pacientes que anulen sus citas a última hora por razones personales.
La tarifa base de la consulta inicial se mantendrá congelada en 2.910 yenes; sin embargo, los costos anexos registrarán un incremento directo. En primer lugar, se aplicará un recargo de 20 yenes para compensar el alza de los precios de los suministros en los centros médicos. A esto se sumará una adición de 170 yenes bajo el concepto de «tarifa de evaluación de incremento salarial», destinada al aumento de los sueldos del personal.
Aquellas clínicas que ya aplicaban este subsidio salarial antes de marzo de 2026 verán aumentar dicho recargo de 60 a 230 yenes, reflejando el mismo incremento neto de 170 yenes. El plan del ministerio establece que ambos componentes volverán a subir 20 y 170 yenes adicionales, respectivamente, dentro de un año.
La adopción de la tarifa de evaluación salarial dependerá exclusivamente de la decisión de cada centro médico. Según los datos del ministerio, hasta julio de 2025 aproximadamente el 60% de las clínicas de atención primaria no habían implementado este cobro, una situación derivada principalmente de la complejidad de los trámites de notificación exigidos.
Por otra parte, el gobierno ampliará el catálogo de servicios y productos no cubiertos por el seguro médico obligatorio que pueden cobrarse directamente al usuario. A partir de junio, junto a conceptos habituales como el costo de pañales, el alquiler de pijamas hospitalarias o el envío postal de fármacos, se autorizará el cobro por el uso de redes Wi-Fi y las penalizaciones por cancelación de turnos.
Los centros de salud fijarán de manera autónoma la aplicación y el monto de estas penalizaciones, aunque tendrán la obligación estricta de informar detalladamente al paciente y obtener su consentimiento previo.
En el caso de las cancelaciones de citas, la medida se limitará de forma estricta a los casos en que el paciente desista del turno inmediatamente antes de la hora programada y por causas atribuibles a su propia conveniencia. Las clínicas odontológicas, cuyo modelo operativo depende de una rigurosa agenda previa debido a la prolongada duración de cada tratamiento, ya han comenzado a notificar la aplicación de estas multas a partir de junio, estableciendo importes que se situarán mayoritariamente entre los 3.000 y los 5.000 yenes.
Las farmacias también reajustarán sus tarifas para absorber el encarecimiento de los costos operativos y las mejoras salariales. La tarifa básica de preparación de recetas aumentará entre 10 y 20 yenes según la ubicación y el volumen de negocio del establecimiento, a lo que se añadirá un recargo por inflación de 10 yenes aplicable una vez cada tres meses. Además, se creará una tarifa de evaluación salarial de 40 yenes por cada receta procesada. (RI/AG/IP)
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