A escasas semanas de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Generales en el Perú, el panorama democrático del país atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes. Mientras los resultados oficiales consolidan la ventaja de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la incertidumbre reina sobre quién será su contendiente oficial.
La disputa entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) ha trascendido el conteo de votos para convertirse en una encarnizada batalla judicial y política que pone en entredicho la transparencia de los organismos electorales.
OFENSIVA LEGAL DEL ALCALDE REGGIARDO
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ha tomado una postura activa en el conflicto, presentando dos acciones legales contundentes contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por su negativa a revisar minuciosamente el proceso electoral, tal como lo solicitó el candidato López Aliaga.
La primera acción legal es un recurso de amparo interpuesto ante el Undécimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta medida busca invalidar el acuerdo del Pleno del JNE que declaró inviable la realización de elecciones complementarias.
Aunque inicialmente la titular de dicho juzgado rechazó la medida alegando falta de competencia, el documento ha sido derivado al Quinto Juzgado Constitucional de Lima, bajo la presidencia del juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán.
Simultáneamente, Reggiardo presentó una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta segunda acción busca suspender los efectos del acuerdo del JNE del 23 de abril de 2026, donde el ente electoral habría vulnerado sus competencias al declarar inviable en bloque cualquier medida destinada a restaurar el derecho al sufragio que se considera afectado en Lima Metropolitana.
El sustento jurídico, elaborado por el abogado Gerardo Esto Cruz, se ampara en el artículo 110 del nuevo Código Procesal Constitucional. Para la comuna limeña, el JNE no puede cerrar de manera absoluta las vías de tutela para los ciudadanos.
LÓPEZ ALIAGA: NO PUEDE HABER PROCLAMACIÓN
El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha denunciado que el proceso electoral está cubierto por un manto de irregularidades. En una reciente rueda de prensa ante corresponsales extranjeros, López Aliaga fue enfático en su rechazo a los resultados actuales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE):
«La segunda vuelta no puede proclamar lo que es un delito contra la voluntad popular. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Si es necesario movilizar al pueblo, lo haremos», advirtió el candidato.
López Aliaga ha señalado que su objetivo es que el Tribunal Constitucional declare la nulidad parcial o total del proceso, asegurando que acudirá a instancias internacionales de ser necesario. «El país está entrando a una dictadura de un grupo ideologizado de izquierda. Si el JNE proclama espuriamente a quienes no representan la voluntad popular, las protestas comenzarán inmediatamente», sentenció.
Según el conteo oficial de la ONPE al 99.753%, las cifras son las siguientes:
– Keiko Fujimori: 2.871.082 votos (17.174%)
– Roberto Sánchez: 2.006.560 votos (12,002%)
– Rafael López Aliaga: 1.991.811 votos (11.914%)
La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de poco más de 14.749 votos, un margen extremadamente estrecho que alimenta las denuncias de irregularidades cometidas durante la jornada.
EL RECONOCIMIENTO DE LOS VICIOS
En un giro dramático, Roberto Burneo, presidente del JNE, ha reconocido públicamente una serie de vicios cometidos por la ONPE. Estos van desde la demora extrema en la instalación de mesas de sufragio hasta la existencia de mesas que nunca se abrieron, obligando al JNE a ampliar la votación al día siguiente.
Más grave aún es la denuncia sobre fallas de ciberseguridad en el sistema STAE, lo que compromete la integridad de los resultados.
El informe del JNE identificó 13 observaciones críticas relacionadas con el código fuente del sistema, motivando una auditoría integral y una denuncia contra el ex jefe de la ONPE, Piero Corvetto.
«La ONPE le mintió al país y al JNE al asegurar reiteradamente que el material electoral llegaría a tiempo… No hay confianza en la ONPE para la segunda vuelta porque está el mismo equipo que hizo la primera vuelta», afirmó Burneo.
No obstante, aclaró que, aunque hubo irregularidades, no se ha demostrado un fraude organizado, por lo que descartó la repetición de las elecciones solicitada por López Aliaga.
GARCÍA BELAÚNDE: REFORMAR LA CONSTITUCIÓN DE FUJIMORI
Para el reconocido político de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, los problemas detectados en la ONPE no son aislados, sino el resultado de un diseño institucional fallido que data de la década de los 90. Según el exparlamentario, el sistema electoral fue fragmentado deliberadamente durante el gobierno de Alberto Fujimori para debilitar su capacidad de fiscalización.
«En el año 93 y 94 había un solo poder electoral, pero Fujimori lo dividió en tres cabezas (JNE, ONPE y RENIEC) para debilitarlo. La Constitución vigente se hizo para permitir su reelección, reduciendo el Congreso a una sola cámara y dividiendo al Jurado para que él pudiera gobernar por 15 o 20 años», explicó Belaúnde con severidad.
García Belaúnde sostiene que es imperativo modificar el Capítulo 13 de la Constitución referido al sistema electoral. No obstante, minimizó el impacto de las actuales irregularidades comparándolas con procesos pasados: ·No hay sistema perfecto. Los hubo con Fujimori, que tenía a todos los medios de su lado y nadie se quejaba. Ahora, por unas 1.400 mesas instaladas tardíamente, están haciendo un escándalo».
El político peruano fue enfático al señalar que, si bien hubo improvisación, presunta corrupción y falta de responsabilidad en la elección de proveedores en la ONPE, esto no constituye un fraude organizado. «Hay que respetar los resultados, te gusten o no. Debemos volver a Atahualpa: ‘Usos son de la guerra, vencer o ser vencidos’. Hay que respetar los resultados de lo que ha sido solo un previo de las elecciones finales», sentenció.
los resultados oficiales de la primera vuelta se darán a conocer este 15 de mayo, marcando el inicio formal de una segunda vuelta
JOSÉ TELLO: CRONOGRAMA INTANGIBLE
Desde la vertiente jurídica, el abogado especialista en derecho electoral, José Tello, aportó una visión técnica sobre la imposibilidad de anular el proceso, tal como lo exige el candidato Rafael López Aliaga. En declaraciones al programa «Siempre a las 8», Tello fue categórico al afirmar que el ordenamiento jurídico peruano resguarda la «intangibilidad del cronograma».
«La segunda vuelta es el 7 de junio. El 7 de mayo terminó la actividad procesal en los Jurados Electorales Especiales y el JNE finalizará su trabajo a quincena de mayo con la proclamación de quienes pasan al balotaje», detalló Tello.
Según su análisis, incluso si la auditoría integral anunciada por el JNE determinara que hubo afectaciones directas contra la votación de Renovación Popular, esto no detendría el proceso electoral. «Si hubo una afectación contra López Aliaga, él podría pedir un resarcimiento económico al Estado, pero la elección no se detiene por nada», aseveró el especialista, subrayando que las demandas de nulidad son legalmente inviables en esta etapa.
Para mitigar la crisis de desconfianza, Roberto Burneo anunció que en la segunda vuelta no se utilizará el sistema STAE. El conteo se realizará a mano y será transcrito a las actas electorales, buscando garantizar que el ganador de la contienda sea indiscutible. Los resultados oficiales de la primera vuelta se darán a conocer este 15 de mayo, marcando el inicio formal de una segunda vuelta que nace bajo una profunda sombra de sospecha. (Lily Cépedes/International Press)
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