El sistema de salud de Japón, reconocido mundialmente por su cobertura universal (Kokumin Kaihoken Seido), enfrenta una amenaza estructural sin precedentes bajo la actual administración de la primera ministra Sanae Takaichi. El pasado 9 de abril, el Parlamento inició las deliberaciones sobre una enmienda a la Ley del Seguro de Salud que, bajo la apariencia de ajustar el gasto en fármacos comunes, oculta cláusulas que podrían desmantelar el principio de igualdad en el acceso a la medicina.
El Dr. Tomo Kimura, profesor clínico de la Universidad de Ciencias de Tokio, ha denunciado en un amplio artículo en la revista President que la redacción del proyecto de ley incluye terminología técnica sumamente ambigua, diseñada para pasar desapercibida en el debate público. La reforma propone revisar la cobertura de los llamados «medicamentos similares a los de venta libre» (OTC o medicamentos genéricos), como hidratantes o analgésicos comunes, pero el texto legal extiende esta exclusión a «otros tratamientos médicos adecuados».
Según el análisis del Dr. Kimura, esta inserción no es accidental:
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La enmienda añade un nuevo punto al Artículo 63, párrafo 2 de la ley.
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Utiliza la frase «tratamientos que utilicen fármacos con alta sustituibilidad… y otros tratamientos médicos adecuados».
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Esta redacción permite al Ministro de Salud, mediante decreto y sin pasar por el Parlamento, excluir arbitrariamente cualquier diagnóstico, examen o tratamiento del reembolso del seguro público.
El verdadero objetivo de esta reforma, según expertos críticos, es establecer la base legal para el levantamiento total de la prohibición de la atención mixta
CAMINO A LA «ATENCIÓN MIXTA» TOTAL
El verdadero objetivo de esta reforma, según expertos críticos, es establecer la base legal para el levantamiento total de la prohibición de la atención mixta (kongo shinryo), una práctica que actualmente está restringida para proteger el sistema público. En Japón, si un paciente combina un tratamiento cubierto por el seguro con uno privado, pierde automáticamente la cobertura pública de toda la consulta, debiendo pagar el 100% de los costes.
La legalización de esta combinación a gran escala generaría cuatro problemas fundamentales para la sociedad japonesa:
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Riesgo de facturación excesiva: Los médicos podrían fijar precios discrecionales para la parte privada del tratamiento.
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Polarización de la calidad médica: El acceso a tecnologías avanzadas dependería exclusivamente de la capacidad económica personal, convirtiéndose en un sistema donde «el fin del dinero es el fin de la vida».
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Autorresponsabilidad en salud: El paciente debería discernir si los precios y tratamientos ofrecidos por instituciones privadas son legítimos, en un mercado donde la asimetría de información es total.
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Deterioro del seguro público: El Gobierno perdería el incentivo para incluir nuevas tecnologías seguras en la cobertura general si estas ya circulan de forma privada.
CONSECUENCIAS SOCIALES
La erosión del seguro público es vista con optimismo por la industria de seguros médicos privados, tanto nacionales como extranjeros. Ante la incertidumbre de la cobertura estatal, los ciudadanos se ven empujados a contratar pólizas adicionales como medida de «autodefensa».
«No se trata solo de que suba el precio de una medicina. Se está alterando la raíz misma de la Ley del Seguro de Salud», advierte el Dr. Kimura. La falta de cobertura mediática sobre estos puntos técnicos ha permitido que la reforma avance silenciosamente en la Dieta.
Sin un debate nacional profundo sobre las implicaciones de la atención mixta, Japón se encamina hacia un modelo donde la salud dejará de ser un derecho igualitario para convertirse en un servicio condicionado por la riqueza. (RI/AG/IP/)
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