Un grupo de alrededor de veinte fieles de Testigos de Jehová presentó una demanda contra el Estado japonés ante el Tribunal de Distrito de Tokio, solicitando invalidar directrices oficiales sobre abuso infantil en contextos religiosos.
Los demandantes alegan que dichas directrices vulneran la libertad de culto garantizada por la Constitución y resultan inconstitucionales. Asimismo, reclaman una compensación de dos millones de yenes por persona afectada en este proceso judicial sin precedentes.
Las directrices fueron emitidas en diciembre de 2022 por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, y distribuidas a gobiernos locales. En ellas se instruye a los centros de consulta infantil a intervenir aun cuando las prácticas estén basadas en creencias religiosas.
El documento fue elaborado tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en julio de 2022, un hecho que impulsó el debate nacional sobre el impacto de determinadas organizaciones religiosas en el entorno familiar.
Según registros judiciales, los demandantes incluyen la rama japonesa del grupo religioso con sede en Ebina, prefectura de Kanagawa, junto a parejas creyentes con hijos residentes en Tokio y otras seis prefecturas del país.
Las directrices, redactadas en formato de preguntas y respuestas, enumeran ejemplos de abuso físico como los castigos corporales durante actividades religiosas. También consideran negligencia la negativa a transfusiones médicas que los profesionales determinen necesarias para menores.
En 2023, representantes del grupo mantuvieron reuniones con autoridades japonesas para abordar temas como las transfusiones sanguíneas y solicitar revisiones al documento, sin obtener cambios antes de interponer la demanda en marzo del año pasado.
La primera audiencia se celebró en julio del mismo año y desde entonces el proceso continúa mediante procedimientos no públicos. El caso sigue en curso y se espera que siente un precedente en materia de derechos fundamentales.
En su demanda, la organización sostiene que las directrices carecen de transparencia, al no haber incorporado opiniones de expertos independientes ni del público general, y que etiquetan prácticas religiosas parentales como posibles formas de abuso infantil.
Asimismo, denuncian que la aplicación de estas normas ha generado discriminación, señalando que materiales basados en ellas fueron distribuidos en escuelas primarias y secundarias, afectando a hijos de creyentes en distintas regiones del país. (International Press)
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