Una profesora universitaria de nacionalidad coreana, pero nacida y criada en Japón, ha interpuesto una demanda contra la operadora de un hotel en Shinjuku, alegando haber sido víctima de una exclusión ilegal. La mujer, que vive en Kobe, exige una compensación de 2,2 millones de yenes tras ser expulsada del establecimiento por no presentar un pasaporte que, por su estatus legal, no está obligada a portar.
El conflicto inició en septiembre de 2024 en un hotel de Kabukicho. Al intentar realizar el check-in, el recepcionista le exigió su pasaporte o su Zairyu Card. Ante la duda de la mujer, el empleado citó una directiva del Ministerio de Salud basada en la Ryokan Gyoho (Ley de Hotelería), que obliga a registrar la nacionalidad y el número de pasaporte de los extranjeros. Sin embargo, omitió que esta norma aplica exclusivamente a quienes no poseen un domicilio en territorio japonés.
EL CONFLICTO POR LA IDENTIDAD
La demandante es una Tokubetsu Eijusha (Residente Permanente Especial), una categoría jurídica que, según la Inkan Tokureiho (Ley Especial de Control de Inmigración), no exige el porte obligatorio de documentos de identidad en todo momento. Al no tener licencia de conducir, ella presentó su Kenko Hokensho (Tarjeta de seguro médico) para demostrar su domicilio en Kobe, además de su tarjeta profesional para validar su identidad.
A pesar de las pruebas, el personal se negó a registrarla. En un punto crítico de la discusión, el recepcionista sugirió que si utilizaba un Tsumei (nombre japonés) en el registro, podría alojarse sin permiso de la gerencia. La profesora rechazó la propuesta de inmediato, calificándola como un acto de discriminación que evoca el Soshi-kaimei, la política colonial que forzó a los coreanos a borrar sus nombres originales.
LA HUMILLACIÓN DE LA EXPULSIÓN
Tras 40 minutos de disputa, el gerente del hotel comunicó por teléfono una orden tajante: «Retírese. Si quiere demandar, hágalo». El empleado admitió que el hotel siempre había rechazado a personas en su misma situación legal. La mujer abandonó el lugar entre lágrimas, no por tristeza, sino por la impotencia de ser tratada como una criminal en su propio país. Esa misma noche, pudo hospedarse en otro hotel cercano donde no se le impuso ninguna restricción tras explicar su caso.
Desde que inició la presentación de la demanda en mayo, la profesora ha enfrentado ataques en internet que cuestionan su honestidad. Sin embargo, ella sostiene que no busca solo justicia personal, sino un precedente legal para una persona que habla japonés perfecto, que conoce la cultura local y que por lo tanto no debiera tener ningún problema de exclusión.
«Si yo me callo, el sistema sigue igual. El sacrificio no debe ser de la víctima, sino de quienes ostentan el poder y ejercen el prejuicio», declaró durante la reciente audiencia en el Tribunal de Distrito de Kobe. (RI/AG/IP/)
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