El gobierno japonés ha revelado un borrador de revisión de políticas migratorias que busca endurecer significativamente los requisitos de permanencia para los residentes extranjeros. La medida central del plan, que entraría en vigor a partir de 2027, es utilizar el sistema de identificación nacional My Number para detectar y castigar el impago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social.
Este esquema responde a la directriz emitida el 4 de noviembre por la primera ministra, Sanae Takaichi, orientada a lograr una «sociedad de convivencia ordenada con los extranjeros». El objetivo es claro: si se detecta que un extranjero tiene deudas pendientes con el gobierno o las autoridades locales, la renovación de su estado de residencia será denegada.
CONTROL TOTAL DE DATOS CON MY NUMBER
Según el borrador, a partir de 2027, la Agencia de Servicios de Inmigración y Residencia (Shutsunyukoku Zairyu Kanri-cho) podrá acceder directamente a los sistemas de la Agencia Digital para consultar la información fiscal y de seguridad social de los extranjeros, consolidada bajo la tarjeta My Number. Este intercambio de datos busca prevenir el incumplimiento de obligaciones financieras en el futuro.
Además, se tomarán medidas para evitar que los extranjeros que no tienen residencia real en Japón cobren subsidios indebidos, como la ayuda por hijos (Jido Teate). Para ello, se establecerá una red de información para que los municipios puedan verificar los datos de inmigración antes de efectuar el pago.
EXIGIRÁN SEGURO MÉDICO
El gobierno también planea atajar el problema del impago de gastos médicos por parte de turistas extranjeros, un problema que ha ido en aumento. Se está considerando la creación de un sistema que exija la contratación de un seguro médico privado antes de la entrada al país. Las discusiones sobre esta nueva norma comenzarán en diciembre de este año entre los ministerios pertinentes.
Como medida de control, el umbral actual para informar a Inmigración sobre deudas médicas impagas, que actualmente es de ¥200.000 yenes o más, se reducirá drásticamente a ¥10.000 yenes o más a partir del próximo año fiscal, lo que permitirá a la agencia utilizar esta información en los procesos de visados o denegación de reingreso al país.
Finalmente, el gobierno planea crear un mecanismo de notificación automática («tipo push») para compartir la información de los detenidos con libertad provisional (karihomen-sha) con los gobiernos locales, buscando prevenir fugas o trabajo ilegal. El plan básico de reforma se espera finalizar en enero de 2026. (RI/AG/IP)
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