La Agencia de Servicios de Inmigración y Residencia de Japón (Shutsunyukoku Zairyu Kanri-cho) ha publicado los primeros datos del «Plan Cero Permanencia Ilegal» (Fuho Taizaisha Zero Puran), lanzado a finales de mayo para acelerar la deportación de extranjeros con órdenes de expulsión definitivas. En el periodo de junio a agosto, el número total de extranjeros forzosamente deportados fue de 2.120 personas, un ligero incremento de 98 personas respecto al mismo periodo del año anterior.
El Plan Cero Permanencia Ilegal tiene como objetivo principal «lograr una sociedad de convivencia donde los japoneses puedan vivir seguros con extranjeros, deportando rápidamente a aquellos que no respetan las reglas». La meta es reducir a la mitad la cifra de 3.122 extranjeros que, a finales de 2024, permanecían en Japón pese a tener una orden de expulsión definitiva. El plan busca alcanzar esta reducción para finales de 2030.
Según la Agencia de Inmigración, las cifras rápidas de junio a agosto muestran un incremento en varios tipos de deportación. La deportación con escolta y coste estatal sumó 119 personas (61 más que el año anterior). La salida voluntaria con coste propio, tras la emisión de la orden de expulsión, totalizó 1.864 personas (45 más que el año anterior). Al sumar otras modalidades de deportación, el total general de deportaciones forzosas fue de 2.120 personas (un aumento de 98 respecto al mismo periodo del año anterior).
El Plan Cero también contempla otras medidas de control, como la aceleración de la revisión de las solicitudes de reconocimiento de refugiados y la prevención del trabajo ilegal por parte de extranjeros bajo libertad provisional.
CRÍTICAS POR EL IMPACTO EN SOLICITUDES DE ASILO
La Ley de Inmigración estipula que la deportación puede ejecutarse si se supera el período de estancia autorizado o si se confirma una condena penal. Sin embargo, una reciente modificación legal, vigente desde junio de 2024, permite la deportación de solicitantes de asilo a partir de su tercera solicitud si no pueden demostrar «motivos considerables para ser reconocidos como refugiados».
Ante esto, la Federación de Colegios de Abogados de Japón (Nichibenren) emitió un comunicado en julio calificando el Plan Cero de «extremadamente problemático». La Nichibenren argumenta que la política podría llevar a la exclusión de extranjeros que deberían ser protegidos legalmente y que podría «fijar la percepción errónea de que la simple presencia de extranjeros en situación irregular es un factor de deterioro de la seguridad pública».
Kazuya Namekawa, abogado del Comité de Protección de los Derechos Humanos de la Nichibenren, expresó su profunda preocupación: «Existe el riesgo de que sean excluidos extranjeros que, aunque no fueron reconocidos como refugiados inicialmente, sí lo han sido después de recurrir a los tribunales. Estos extranjeros deberían ser protegidos como refugiados». (RI/AG/IP/)
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