Japón destinará 9.900 millones de yenes a la inspección de alcantarillado

Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón

El gobierno japonés ha decidido destinar una partida de 9.900 millones de yenes, aproximadamente 66 millones de dólares, del presupuesto reservado para emergencias del año fiscal 2024, que abarca desde abril de 2024 hasta marzo de 2025, a la realización de una inspección nacional del sistema de alcantarillado

La medida fue aprobada en la reunión del gabinete celebrada ayer y tiene como objetivo identificar posibles anomalías en las tuberías subterráneas de todo el país. Se espera que alrededor de 500 entidades locales y regionales se encarguen de llevar a cabo esta importante investigación.


El informe precisa que las inspecciones se centrarán en las tuberías de alcantarillado instaladas antes de 1994, las cuales son más susceptibles a fallos. De los aproximadamente 490.000 kilómetros de tuberías existentes en Japón, cerca de 5.000 kilómetros serán revisados. Las áreas con infraestructura más envejecida como las ubicadas en las proximidades de la reciente caída de carretera en la ciudad de Yashio, en la prefectura de Saitama, recibirán atención prioritaria.

El dinero se distribuirá de manera desigual entre las autoridades locales, siendo la prefectura de Tokio la que recibirá la mayor parte de los fondos, con aproximadamente 1.800 millones de yenes. A continuación se encuentran las prefecturas de Kanagawa y Osaka, con alrededor de 1.200 millones de yenes cada una, seguidas por Hokkaido y Aichi, que recibirán unos 700 millones de yenes.

Además de la asignación general para la investigación, se ha decidido destinar 4.500 millones de yenes adicionales para la reparación de las tuberías dañadas en Yashio, una de las áreas más afectadas por los recientes incidentes de hundimientos de carreteras.


El secretario jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, explicó en una rueda de prensa que el propósito de esta investigación es prevenir accidentes similares al ocurrido en Yashio, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

El gobierno tiene como objetivo completar estas inspecciones en el plazo de un año, priorizando las zonas de mayor riesgo y con planes para culminar las tareas más urgentes en verano. (International Press)


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