Por: Lily Céspedes
Aunque haya tenido eco en el Papa Francisco las voces de los ex Sodalicios peruanos que clamaban justicia por los casos de violaciones de niños y adolescentes perpetuados al interior de seudos colegios exclusivos, la justicia que tarda no es justicia.
En el Perú, el poderoso don dinero compra las conciencias de jueces y fiscales de la manera más escandalosa, por lo que el común de la gente toca casi siempre las puertas de los medios de comunicación con la esperanza que su voz sea escuchada por quienes corresponde aplicar la ley y sancionar a los responsables.
Es el caso de los ex sodálites peruanos que denunciaron al mundo desde hace más de dos décadas, las violaciones sexuales y abusos infrahumanos que sufrieron de niños y adolescentes en los colegios exclusivos que dirigía un criminal llamado Luis Figari, fundador del Sodalicio en el Perú en 1971 y cuyos brazos se extendieron después a 25 países de Latinoamérica.
Fue el papa Francisco el que envió al Perú el 2023 a monseñor Charles J Scicluna, arzobispo de Malta y al sacerdote español Jordi Bertomeu Farnós para que se reúnan con las víctimas y luego emitan su informe sobre lo sucedido.
El resultado de ese informe fue la consiguiente expulsión del arzobispo emérito de Piura y Tumbes, monseñor José Antonio Eguren y otros nueve integrantes de dicha congregación, al encontrarlos responsables de los actos denunciados por los ex sodálites y también por las denuncias de robo de tierras y asesinato hechas por la comunidad campesina de Piura.
Un comunicado hecho público por la Conferencia Episcopal Peruana señala que «se ha considerado el escándalo producido por el número y gravedad de los abusos denunciados por las víctimas, contrarios a la vida equilibrada y liberadora de los consejos evangélicos en el contexto del apostolado eclesial”.
El documento precisa que los casos determinados son: abuso físico, incluso con sadismo y violencia; abuso de conciencia, con métodos sectarios para quebrar la voluntad de los subordinados, abuso espiritual, abuso del cargo y de autoridad, con episodios de hackeo de las comunicaciones y acoso en el lugar de trabajo, así como encubrimiento de los delitos cometidos en el seno de esta institución, abuso en la administración de los bienes eclesiásticos y abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo.
Los miembros del sodalicio expulsados son el ex superior general de la congregación que reemplazó en el cargo a Luis Figari: Eduardo Antonio Regal Villa, el Arzobispo de Piura, José Antonio Eguren Anselmi, los sacerdotes Rafael Alberto Ismodes Cascón, Erwin Augusto Scheuch Pool, Daniel Alfonso Cardó Soria, además de los ex formadores Humberto Carlos Del Castillo Drago, Oscar Adolfo Tokumura Tokomura, psicólogo y teólogo japonés que dirigió la casa de San Bartolo donde se perpetraron los hechos denunciados entre 1998-2004, así como los ex miembros incorporados, Ricardo Adolfo Trenemann Young, Miguel Arturo Salazar Steiger y el periodista, Alejandro Bermúdez Rosell, miembro de esa organización que ocupó un alto cargo en ACI Prensa, nada menos que director de la agencia de noticias de la Iglesia Católica con sede en Lima.
“El papa Francisco junto a los obispos del Perú y de aquellos lugares en los que está presente el Sodalicio de Vida Cristiana, entristecidos por lo ocurrido, piden perdón a las víctimas y se unen a sus sufrimientos. Asimismo, ruegan a esta Sociedad de Vida Apostólica que inicie un camino de justicia y reparación”, dice el documento enviado por la Santa Sede en Roma y emitido por la Nunciatura Apostólica en Lima.
En agosto pasado fue apartado también por el máximo representante de la Iglesia Católica, Luis Figari, el laico consagrado fundador del Sodalicio que se refugió en Roma desde el 2015, en su intento por escapar de la justicia peruana que investiga a la cúpula responsable de los actos denunciados y que está a cargo de la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado del Perú.
“En el Sodalicio se vivía un enfermo fervor, donde Luis Figari era una especie de Dios, más que Jesucristo”, dijo un testigo protegido en un caso que aún no llega a juicio.
El Sodalicio en el Perú también habría incurrido en el delito de Lavado de Activos con grandes patrimonios que superan los mil millones de dólares, según la investigación preliminar que realiza la fiscal Manuela Villar Ramírez y donde figuran como implicados: Luis Baertl Jourde, Juan Len Álvarez (sacerdote) y Carlos Neuenschawander Sahurie.
Las víctimas sólo esperan que la justicia llegue a Luis Figari, quien continúa en Roma y quien a pesar de todas las pruebas que lo señalan como responsable, no reconoce sus delitos ni se atreve a pronunciar la palabra “perdón” que sabemos no es suficiente para quienes vivieron esta tragedia.
