El 26 de julio, un hombre desempleado que vive en la ciudad de Kiryu, prefectura de Gunma, solicitó asistencia pública al municipio.
El monto de la ayuda al residente, una persona en la cincuentena, se fijó en 70.000 yenes (468 dólares).
Sin embargo, el municipio solo le entregaba 1.000 yenes (6,69 dólares) diarios (poco más de 30.000 yenes mensuales), revela Mainichi Shimbun.
Es decir, además de no darle la cantidad estipulada, se lo daban por partes, obligándolo a ir todos los días hasta el municipio.
A eso hay que sumarle que para recibir el dinero, el municipio le exigía presentar en el mostrador un documento con el sello de la oficina de empleo Hello Work para confirmar que había ido allí en busca de trabajo.
“Era estresante tener que ir a Hello Work todos los días porque también estaba visitando el hospital para recibir tratamiento por mi enfermedad”, dijo en declaraciones recogidas por Mainichi.
“Es difícil vivir con 1.000 yenes al día”, añadió.
El hombre acudió a una asociación de abogados para plantear su caso y el 12 de octubre, el vicepresidente de la institución lo acompañó al municipio para reclamar el pago íntegro de la ayuda pública pendiente.
La visita surtió efecto: el hombre recibió 134.180 yenes (897 dólares).
La asociación de abogados entregó esta semana al alcalde de la ciudad una solicitud escrita para que mejore su gestión de la ayuda pública.
El vicepresidente de la institución, Munehiro Nakamichi, contó que el municipio le dijo que decidió otorgar la ayuda diariamente y no el monto mensual para que el hombre no gastara el dinero inmediatamente.
Exigir la búsqueda de empleo como condición era una manera de “orientarlo” sobre cómo debía llevar su vida, explicó la ciudad.
Sin embargo, el abogado subrayó que la cantidad otorgada (por debajo del nivel establecido) y la obligación de ir a Hello Work violaban la Constitución y la ley de asistencia pública.
Un funcionario de la ciudad dijo que aparentemente hubo un problema de malinterpretación, pues se le había explicado verbalmente al hombre que se le pagaría a plazos y el municipio creyó que él había aceptado.
Para evitar más “confusiones”, consideran poner todo por escrito en el futuro. (International Press)
