Doan Thi Thu Nga, una aprendiza vietnamita de 32 años, trabajó para una empresa de costura durante alrededor de tres años en la prefectura de Ehime.
A menudo la forzaban a trabajar más de 100 horas extras al mes (por encima del límite legal) y, para remate, le retenían su salario.
Nga dudaba en reclamar por miedo a perder su trabajo, hasta que en agosto pasado decidió buscar la ayuda de una organización que socorre a los vietnamitas.
Las autoridades laborales japonesas tomaron conocimiento de su caso (que no era excepcional, otras vietnamitas estaban en la misma situación) y se contactaron con la empresa para que les pagaran los salarios impagos.
La compañía accedió a pagarles, pero poco después se declaró en quiebra.
Nga está indignada. “Es irresponsable. Esto es discriminación contra los extranjeros”, dijo en declaraciones que recoge Kyodo.
“Piensan que como venimos de países pobres, pueden esperar que trabajemos en cualquier circunstancia”, subrayó.
La injusta situación por la que atraviesan Nga y sus compatriotas fue parte de una reunión que el miércoles organizó el gobierno de Japón para abordar los problemas originados por el programa de aprendices extranjeros.
15 personas, entre ellas académicos, jefes de gobiernos municipales y el presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), forman parte del grupo de expertos que presentará un informe el próximo año.
Durante la reunión se escucharon diversas opiniones. Hay quienes piden la abolición del programa, mientras que otros abogan por su unificación con el sistema de nuevo visado para extranjeros con habilidades laborales específicas que entró en vigor en 2019.
Para conocer mejor la situación de los aprendices, el Ministerio de Justicia llevó a cabo sesiones en los que se trataron los abusos que sufren los trabajadores extranjeros, que a veces no tienen a quién recurrir.
“Los salarios son bajos y hay violaciones de los derechos humanos. Japón ya no es un país que eligen los extranjeros”, reconoció un alto funcionario de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón.
El abogado Shoichi Ibusuki, experto en el tema, apuntó al gobierno de Japón, al que achacó “una gran responsabilidad por no enfrentar el problema de frente”. Con respecto al programa de aprendices, dijo que “debe ser abolido”.
Hasta junio había 328 mil aprendices extranjeros en Japón, así como 87 mil trabajadores con habilidades específicas. (International Press)
