(ARTÍCULO PUBLICADO EL 14 DE MAYO DE 2022 EN EL DIARIO EL COMERCIO, LIMA, PERÚ. PUBLICACIÓN AUTORIZADA POR DICHO MEDIO Y POR EL AUTOR)
El gobierno de Pedro Castillo padece de metástasis y no ha dejado órgano sano. La enfermedad fue detectada por los mejores galenos de la política y fue desatendida por cuanto el presidente exclusivamente siguió las indicaciones de sus palaciegos, personas carentes de formación y experiencia acordes, pero con variada veteranía en fiscalías, juzgados y algunos tras barrotes.
Con una minoría parlamentaria parcialmente prestada, el presidente desfila directamente hacia el despeñadero acompañado de sus adláteres y pretende arrastrarnos sin o con la anunciada violencia hacia un posible futuro indeseable y, pudiera ser, también sangriento.
Critico con frecuencia e igualmente ofrezco soluciones. Sería pretencioso pensar que el presidente las leerá, las compartirá y, menos, las analizará para priorizar aquellas que guarden concordancia con los tres principales principios del arte de hacer política y de gobernar: reconocer la primacía de la realidad, la incapacidad material del estado y la progresión. El Gobierno obvia razonamientos elementales causándole enormes daños al país.
Enunciaré solo tres recientes casos.
Primero: la OIT legisla internacionalmente adoptando convenios que son tratados internacionales multilaterales perfectamente concordantes con el Derecho Internacional Público. La huelga es el último recurso cuando los sindicatos creen vulnerados sus derechos, aun si esta medida de fuerza no existe en ningún convenio de la OIT. Ha devenido un corolario del derecho de sindicación que ampara globalmente a menos del 40% de los trabajadores, porque el resto son informales.
Para la OIT, son “servicios esenciales” el control del tráfico aéreo, la telefonía, los controles de los desastres naturales, la salud, las ambulancias, los bomberos, los penitenciarios, las fuerzas de seguridad, y la provisión de agua y de electricidad, principalmente. Debería añadirse el Internet.
La OIT fija y supervisa estándares muy restrictivos para una huelga en dichos servicios esenciales y el estado debe garantizar la continuidad de la atención básica de estos, ya que una huelga pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de parte o de toda la población cuando, no tratándose estrictamente de un servicio esencial, su magnitud y duración causan graves crisis en las normales condiciones de vida en general. Recordemos cómo se privó de agua a 5.000 personas en Cuajone.
Igualmente, el Gobierno arriesgó miles de vidas autorizando con anticipaciónla huelga de controladores aéreos. El aliento oficial del Gobierno a huelgas radicales y desmanes contraviene sus obligaciones morales, constitucionales y legales, y nos presenta como salvajes en el exterior.
Segundo: las serias denuncias de plagio en la tesis de maestría de la pareja conyugal reveladas con insistencia con aparentes y contrastadas evidencias probarían la voluntad dolosa de los famosos educadores y la personalidad mitómana del mandatario, independientemente de una extraña e insuficiente explicación de funcionarios de la universidad.
Tras Sarratea, jirón Azángaro habría sido otro oculto y frecuentado lugar dado que los nombres y las firmas de los documentos no concuerdan con los registros oficiales de identidad. Este hecho resultaría una degradación moral del presidente, condición incompatible con su investidura. La fiscalía procedió conforme a ley y esperamos con celeridad y claridad resultados incuestionables. No bastan comunicados o declaraciones oficiales de partes involucradas.
Tercero: el denunciado fraude electoral en las elecciones pasadas por cuenta de los oficialistas con la activa colaboración de autoridades electorales y las consabidas recompensas echaría por los suelos nuestra maltrecha democracia de escasa densidad.
El Gobierno ofrece mitomanía, improvisación, ignorancia, favoritismo, nepotismo, ocultamiento, copamiento, impostura, presuntos delitos y más. La frondosa lista crece diariamente al punto de haber perdido toda capacidad de asombro más no de acción ni de reacción. El presidente y su gobierno no dan para más y el Congreso solo ofrece individualidades.
Los problemas y los escándalos nos sobrepasan; ergo, no debería de ser difícil conseguir los 87 votos para que el presidente abandone Palacio dado que su permanencia resulta muy perjudicial para la Nación y especialmente costosa para las mayorías. Es un imperativo moral y práctico enviarlo pronto a su casa. ¡Ya fue suficiente!
(*) Javier González-Olaechea Franco. Doctor en Ciencia Política, experto en gobierno e internacionalista.
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