En 2013, un profesor de una escuela de primaria en la prefectura de Saitama renunció a su trabajo después de ser multado y suspendido durante seis meses por violar una ley contra la prostitución y la pornografía infantil.
Pese a sus antecedentes, en 2015 fue contratado como profesor en una escuela municipal en la prefectura de Aichi. Cuando solicitó el empleo, el hombre ocultó la sanción que había recibido en Saitama y cambió los kanjis de su nombre.
¿Qué ocurrió? El profesor volvió a delinquir: acosó sexualmente a cinco estudiantes de la escuela de Aichi entre 2016 y 2017. En abril de 2018, fue sentenciado a cuatro años de prisión.
Si la junta educativa en Aichi hubiera conocido los antecedentes del profesor no lo habría contratado y cinco niños se habrían salvado de ser sus víctimas.
Para evitar casos similares, el Ministerio de Educación ha creado una base de datos que permite a las juntas educativas de todo el país acceder a información sobre maestros sancionados por delitos sexuales, destaca Mainichi Shimbun.
Así las cosas, cuando los funcionarios evalúan a un profesor para decidir si lo contratan, pueden ingresar a la base de datos para cerciorarse de que están limpios.
Las juntas educativas han recibido con beneplácito la iniciativa gubernamental.
Sin embargo, en principio el ministerio mantiene los datos de los profesores sancionados solo por tres años, sobre la base de que pese a haber cometido delitos tienen derecho a reintegrarse a la sociedad.
Esto quiere decir que si un profesor fue castigado por un delito sexual hace cuatro años, por ejemplo, su nombre no aparece en la base de datos.
Los funcionarios educativos han instado al ministerio a mantener los nombres durante más tiempo en salvaguarda de los niños.
En el año académico 2018, 282 profesores de escuelas públicas de primaria, secundaria y koko fueron castigados por delitos sexuales. (International Press)
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