Critican que extranjeros liberados en Japón vuelvan a ser detenidos por inmigración

Mensaje en varios idiomas en centro de detención en Ibaraki (TV Asahi)

El 31 de julio, a Safari Diman Heydar, un iraní que busca ser reconocido como refugiado en Japón, se le concedió la libertad provisional después de permanecer detenido durante tres años.


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Dos semanas después, cuando el iraní acudió a renovar el periodo de su recién recobrada libertad, volvió a ser detenido.

“¿Qué violaciones he cometido en las últimas dos semanas?”, se pregunta el iraní de 50 años en declaraciones a Mainichi Shimbun. El hombre está recluido en un centro de inmigración en la ciudad de Ushiku, prefectura de Ibaraki.

¿Por qué un hombre liberado después de estar encerrado durante tres años es detenido nuevamente dos semanas después sin motivo aparente?

El funcionario de inmigración que le dijo a Heydar que su libertad no iba a ser renovada no le explicó por qué. El mismo día fue llevado al centro de inmigración de Ushiku. Una vez más.

El casi del iraní no es aislado y forma parte de una práctica ahora común que es criticada por los abogados de los extranjeros, así como por los activistas que defienden sus derechos. Para ellos, la práctica “juega con la salud y la vida de los seres humanos”.

Cuando Heydar fue liberado estaba en huelga de hambre. Ante su nueva detención, el hombre ha reanudado su medida de fuerza. A Mainichi le dice que en una semana ha perdido cinco kilos. Entre lágrimas, explica que no tiene más opción que dañar su propio cuerpo para expresar su protesta.

A un hombre turco de 40 años le pasó lo mismo que a Heydar. Estuvo en libertad dos semanas y volvió a ser detenido.

Como ellos, hay muchos otros, uno de los cuales contó que cuando fue liberado, un oficial de inmigración le dijo: “Asegúrate de regresar en dos semanas, ¿de acuerdo?”, dando a entender que volvería a ser detenido.

El fondo del asunto son los largos periodos de detención.

A fines de 2018, el número de detenidos por inmigración en Japón había caído a 1.246 con respecto a 1.351 en 2017. Sin embargo, en el mismo lapso el número de extranjeros encerrados por seis meses o más subió de 576 a 681.

Takeshi Ohashi, abogado del turco, subraya que es anormal que los períodos de detención de tres años o más ya no sean una anormalidad. Ohashi, que lleva 20 años lidiando con casos de inmigración, afirma que no recuerda que en el pasado haya habido una situación anómala como la actual.

Al parecer, la muerte de un nigeriano en junio en un centro de inmigración en Nagasaki, que estaba en huelga de hambre en protesta por su prolongado encierro, impulsó a las autoridades de inmigración a liberar a los detenidos con la idea de encerrarlos nuevamente poco después.

Ohashi, el abogado del turco, cree que tras la muerte del nigeriano inmigración habría decidido liberar de manera provisional a los detenidos si su vida está en peligro (para evitar el riesgo de que mueran por huelgas de hambre durante su detención).

El letrado sostiene que más allá del castigo penal, es imperdonable que un sistema cause sufrimiento a una persona, y aclara que la detención de los extranjeros no es un castigo penal, sino una medida de prevención de escape.

Para él, que inmigración utilice las detenciones prolongadas como un medio para arrinconar a los extranjeros y que no tengan otra opción que aceptar ser deportados “es un tipo de tortura”.

Shoko Sasaki, comisionada de la Agencia de Servicios de Inmigración, expresó durante una conferencia de prensa la posición oficial del gobierno de Japón sobre el tema: “Tenemos el deber de deportar, y resolveremos el problema de las largas detenciones repatriando a las personas de manera rápida”. Para Sasaki, los extranjeros detenidos son “personas que no podemos tener dentro de este país” y dijo que si ellos aceptan ser deportados, se les permitirá salir (de los centros de detención) desde mañana”. (International Press)


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