La moción, calificada por Kuczynski como un intento de golpe de Estado, solo obtuvo 79 votos a favor, cuando la ley indica que requería 87 votos, debido a las abstenciones de otros partidos minoritarios de la oposición, que no apoyaron la iniciativa para no entregar el Ejecutivo al fujimorismo.
El anuncio hecho en la víspera por Kuczynski de que sus dos vicepresidentes renunciarían y no lo relevarían si se producía su destitución, conllevaba que el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, ocupara la Presidencia en funciones mientras se organizaban nuevas elecciones generales.
El supuesto de que el fujimorismo gobernara al menos por unos meses fue suficiente argumento para que algunos congresistas partidarios de la destitución cambiaran su voto a última hora, lo que salvó a Kuczynski frente a la todopoderosa bancada fujimorista, que ocupa 70 de los 130 escaños del Parlamento.
Pero en el resultado final también influyó la sorpresiva abstención de 10 legisladores fujimoristas, entre ellos Kenji Fujimori, hijo menor del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, a pesar de que su bancada había anunciado una votación en bloque a favor de la destitución.
Kuczynski salió ileso de este choque con el Congreso que él mismo tildó de golpe de Estado no solo por moción de destitución contra él, sino también por los procesos que el fujimorismo tramita en el Parlamento para inhabilitar a jueces del Tribunal Constitucional y al Fiscal de la Nación (fiscal general).
Con el resultado de esta votación, el gobernante no solo conservó su cargo sino que obtuvo su primera victoria política frente al fujimorismo desde las elecciones presidenciales, donde se impuso a Keiko Fujimori por apenas 40.000 votos.
Aunque el mandatario peruano siempre intentó tender puentes de diálogo con sus mayores opositores, el fujimorismo sacudió constantemente a su Gobierno con diversas crisis en las que censuró a dos ministros y forzó la renuncia de otros dos.
Ese estrangulamiento al Ejecutivo alcanzó su punto álgido con la moción de destitución promovida en los mismos días que la Fiscalía investiga al partido fujimorista Fuerza Popular y a la misma Keiko por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
Lo hizo mediante un proceso exprés, donde entre la acusación y la votación apenas pasaron ocho días en los que Kuczynski denunció no tener apenas opción para la defensa más que un alegato ante el pleno del Legislativo.
La acusación también carecía de pruebas, pues se basaba en una supuesta incapacidad moral del presidente por presuntamente haber intentado ocultar vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, con la que siempre negó relación alguna.
Sin embargo, la empresa desveló la pasada semana haber pagado más de 782.000 dólares a la consultora Westfield Capital, propiedad de Kuczynski, por asesorías entre 2004 y 2007, época en la que el mandatario era ministro en el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Aunque Kuczynski y la misma Odebrecht reiteraron que no se incurrió en delito alguno, el fujimorismo, con la connivencia del Frente Amplio de izquierdas, mantuvieron su propósito de poner al presidente contra las cuerdas, situación que superó gracias al antifujimorismo, como ocurrió en las elecciones del año pasado.
El mandatario sale fortalecido de la delicada situación que ha atravesado en los últimos días, pues si el Congreso, con los votos del fujimorismo, vuelve a censurar a su Gobierno como ya lo hizo hace unos meses, quedará facultado por la Constitución para clausurar el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas. (EFE)
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