El Gobierno peruano alertó hoy de que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), en busca y captura acusado de lavado de activos y tráfico de influencias, estaría en San Francisco (EE.UU.) y por tanto solicitó a las autoridades estadounidenses colaboración para su detención y expulsión.
En un breve comunicado emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Gobierno informó que según sus fuentes de información, que no identificó, Toledo podría estar planeando además «su fuga» al «Estado de Israel», a cuyas autoridades también han alertado ante la posibilidad de que «el referido requisitoriado quiera ingresar» a aquel país.
Además, el Gobierno subrayó en su nota que la alerta roja de la Interpol para los 190 países parte de la organización ya está activada para localizar a Toledo, tal y como solicitó desde que se conoció la resolución judicial en contra del político.
«El Gobierno peruano seguirá haciendo todo lo necesario, dentro del marco legal vigente, para que se dé cumplimiento a la decisión del Poder Judicial», culminó el comunicado.
Perú ofreció hoy una fuerte recompensa para capturar al expresidente, después de que un tribunal pidiera su encarcelamiento provisional acusado de haber recibido supuestamente 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht para favorecer sus negocios en el país.
En un gesto de alto contenido simbólico, el Ministerio del Interior colocó al expresidente en la lista de delincuentes más buscados y puso una recompensa de unos 30.000 dólares para cualquier información que conduzca a su localización y captura.
La captura y encarcelamiento preventivo de Toledo serían necesarios, según el juez, porque este no tiene arraigo en el Perú y no ha demostrado intenciones de regresar al país desde que se conoció su implicación en el caso.
Precisamente, Toledo reside y trabaja en San Francisco, donde se desempeña como investigador en la Universidad de Stanford.
De hecho no regresar al Perú ha sido el consejo de sus abogados, quienes llegaron a sugerir que viajara a Israel o a EE.UU. para dificultar su extradición al Perú.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, cuyos responsables confesaron a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios de Perú entre los años 2005 y 2014.
Ese período comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). EFE
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