Fujimori, el polémico expresidente capaz de dividir a Perú desde la prisión

Alberto Fujimori (foto Melina Mejía/Andina)

 

Ha sido condenado a 8 años de prisión por el caso de los “diarios chicha”

Alberto Fujimori (foto Melina Mejía/Andina)
Alberto Fujimori (foto Melina Mejía/Andina)

El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado hoy a ocho años de prisión por desviar fondos públicos para comprar la línea editorial de periódicos sensacionalistas de cara a su reelección presidencial en el año 2000, mantiene un polémico perfil capaz de dividir a Perú aún desde la cárcel.

Fujimori, de 76 años, fue condenado este jueves por peculado (malversación de fondos) en el caso de los «diarios chicha», como se conocen a los periódicos sensacionalistas en Perú, delito que se sumó a otros dos de violaciones de los derechos humanos y otros cinco de corrupción, por los que la Corte Suprema de Chile aceptó extraditarlo a Perú en septiembre de 2007.

Desde 2009, el exmandatario (1990-2000) cumple la condena más larga que se le ha impuesto, de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, pero también fue condenado a otros 19 años y medio de cárcel, en total, en otras tres sentencias por delitos de corrupción.

Aún desde la prisión, Fujimori conserva la misma capacidad de crispar a la opinión pública peruana, algo que ya demostró cuando irrumpió como un candidato «antisistema» en los comicios de 1990, en los que derrotó al novelista Mario Vargas Llosa.

En pleno juicio por el caso de los «diarios chicha» y desde su prisión, Fujimori ofreció en noviembre de 2013 dos entrevistas telefónicas a medios locales que llevaron al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) a cortar la línea telefónica que usaba porque las conversaciones no habían sido autorizadas.

Desde entonces, el exgobernante denunció que es víctima de «hostilización, acoso y maltrato», además de «incomunicación abusiva», y advirtió que esa situación afecta su salud, a pesar de lo cual en junio de 2013 el presidente de Perú, Ollanta Humala, se negó a indultarlo después de que una comisión señalara que no presentaba una enfermedad terminal ni trastornos mentales graves.

Un juez de Lima estimó en julio pasado que Fujimori debía recuperar la línea telefónica, pero el Inpe todavía no acató la sentencia porque recurrió el fallo.

De manera paralela, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia refrendó en noviembre la negativa al pedido de arresto domiciliario que hizo Fujimori para cumplir el resto de su sentencia en su casa, lo que ya había sido negado en primera instancia por un juez el año anterior.

El único achaque de salud que padeció Fujimori en el último año fue una inflamación de garganta por la que se le trasladó a una clínica de Lima, donde se resolvió que no tenía relación con la lesión precancerígena recurrente, conocida como leucoplasia, por la que ha sido intervenido en seis ocasiones desde 1997.

Alberto Fujimori ejerció un Gobierno de mano dura durante una década, tras ser reelegido en 1995 y 2000, en medio de denuncias de fraude.

Si bien se le reconocen éxitos como la derrota de los grupos armados Sendero Luminoso y MRTA, cuyos líderes fueron capturados durante su gestión, también se comprobó que en su mandato se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su todopoderoso asesor Vladimiro Montesinos.

Con la difusión, en septiembre de 2000, de un vídeo en el que se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista de la oposición, se desmoronó el régimen de Fujimori, quien se vio obligado a anunciar que iba a convocar a nuevas elecciones, a las que aseguró que no se presentaría.

Sin embargo, dos meses después, renunció a la Presidencia mediante un fax enviado desde Japón, tras lo cual permaneció en ese país hasta 2005, cuando viajó a Chile, de donde fue finalmente extraditado a Perú en 2007.

Desde 2009, el exmandatario permanece en una prisión policial de Lima adaptada exclusivamente para él y que, según sus opositores, es una «jaula de oro» que no se compara a las condiciones del resto de la población penitenciaria del país y donde recibe gran cantidad de visitantes. (EFE)

 

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