Dos instalaciones utilizadas como mezquitas fueron construidas sin los permisos urbanísticos necesarios en zonas donde la edificación está restringida. Los casos se registraron en las ciudades de Kawagoe, en Saitama, e Izumi, en Osaka. En el primero ya se ordenó la demolición de las construcciones, mientras que en el segundo las autoridades iniciaron una investigación.
En Kawagoe, los edificios se encuentran en un terreno de aproximadamente 4.500 metros cuadrados, cuya clasificación registral es de bosque. Allí se levantaron cuatro construcciones principales que fueron utilizadas como lugares de oración islámica.
El Ayuntamiento detectó las obras sin autorización en octubre de 2024 y, desde entonces, realizó reiteradas advertencias para que se corrigiera la situación. En marzo de 2026, la entidad propietaria presentó un plan que contemplaba la demolición antes de marzo de 2031. Sin embargo, al no presentar posteriormente un calendario concreto, las autoridades decidieron adoptar medidas más estrictas.
El 1 de octubre, el Ayuntamiento emitió una orden de demolición y suspensión de uso dirigida a la entidad propietaria y a dos personas que utilizaban las instalaciones. El plazo para cumplirla vence el 30 de septiembre de 2027. Desde junio, el acceso al terreno permanece cerrado y ya no se realizan allí oraciones colectivas.
El segundo caso fue detectado en Izumi, prefectura de Osaka. Se trata de un edificio blanco, similar a una construcción prefabricada, situado en una zona industrial junto a una carretera nacional. Según testimonios, en el lugar se realizaban oraciones islámicas al menos desde 2023. Además, en Google Maps figuraba identificado como mezquita.
El terreno pertenece a una asociación general incorporada cuyo representante sería una persona extranjera. El edificio no está registrado oficialmente y, según el Ayuntamiento, fue construido sin solicitar las autorizaciones exigidas por la normativa urbanística.
Las autoridades ya realizaron una advertencia verbal a la asociación y comenzaron a recabar información. Por el momento, no se ha ordenado la demolición ni la suspensión de actividades.
Ambos municipios han aclarado que sus actuaciones responden al incumplimiento de las normas de construcción en zonas de urbanización restringida y no a la religión de quienes utilizan las instalaciones. (International Press)
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