La ministra de Seguridad Económica, Kimi Onoda, aclaró que la reforma a la ley de regulación del uso de tierras no incluye un veto específico contra ciudadanos chinos para la compra de propiedades en Japón.
La normativa impone un permiso estatal previo para adquirir predios en «zonas reguladas». Estas áreas abarcan islas fronterizas remotas y un perímetro de mil metros alrededor de bases de las Fuerzas de Autodefensa, cuyas funciones podrían verse gravemente obstaculizadas por ataques con drones.
El Estado denegará las adquisiciones de corporaciones controladas por gobiernos extranjeros y de individuos obligados legalmente a cooperar en labores de inteligencia exterior.
EL RIESGO DE LAS LEYES CHINAS
La controversia estalló en el parlamento cuando la legisladora Rui Matsukawa advirtió sobre el peligro de que los residentes chinos cercanos a áreas militares japonesas sensibles colaboren con Pekín durante una crisis. Matsukawa citó la Ley de Movilización Nacional y la Ley de Inteligencia Nacional de China.
Estas normativas exigen a todos los ciudadanos chinos, incluso a los que residen en el extranjero, colaborar obligatoriamente con el gobierno en labores de espionaje o movilizarse ante una emergencia.
Ante el riesgo inminente que esto representa para la seguridad de Japón, Matsukawa preguntó si «no solo los funcionarios del gobierno chino, sino también las personas de nacionalidad china» quedarían imposibilitados de adquirir los terrenos regulados.
ACLARACIÓN SOBRE EL VETO
Aunque Onoda asintió en su momento con un «así es», la ministra precisó posteriormente ante la prensa que la denegación de permisos se aplicará estrictamente a quienes tengan la obligación de cooperar impuesta por leyes foráneas.
Onoda subrayó: «No fue una respuesta afirmando que se denegará a personas de un país específico», descartando que la disposición esté dirigida exclusivamente contra China. (RI/AG/IP/)
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