Japón y Vietnam pactan acuerdo para frenar delitos de bandas criminales

Japón y Vietnam firmarán acuerdo el próximo 9 de noviembre

Los gobiernos de Japón y Vietnam ultiman un acuerdo bilateral para notificarse los arrestos de sus ciudadanos sin necesidad de consentimiento previo. La medida, que será ratificada el día 9 por la primera ministra Sanae Takaichi y el presidente vietnamita To Lam, busca frenar el aumento de delitos cometidos por bandas vietnamitas en territorio nipón.

Bajo la Convención de Viena, informar al país de origen sobre una detención exige la aprobación del implicado. El nuevo pacto eliminará este requisito. Según fuentes gubernamentales niponas, «Vietnam tiene una fuerza de seguridad pública fuerte, y notificarles rápidamente será un gran elemento disuasorio», informó Jiji Press.


Esta decisión llega con severa demora. El Estado nipón ha evidenciado una notable incapacidad policial para desarticular a estas mafias. En lugar de focalizar esfuerzos en investigar redes transnacionales complejas, las autoridades japonesas han optado sistemáticamente por culpar a toda la población inmigrante del repunte delictivo.

REDES CAMUFLADAS Y ESTADÍSTICAS ALARMANTES

Las bandas vietnamitas han sofisticado sus métodos de infiltración, ingresando a Japón camufladas como turistas o explotando las vulnerabilidades del programa de trabajadores técnicos. Una vez establecidos, operan redes organizadas de robo, estafas y tráfico.


Los datos respaldan la urgencia de una acción específica. Según la Agencia Nacional de Policía, en 2025 se registraron 10.773 arrestos de vietnamitas no residentes, un aumento del 11 % interanual. Esta cifra representa más del 40 % del total de extranjeros detenidos en el país.

DERECHOS HUMANOS EN DEBATE

Pese a la presión por frenar la delincuencia, concretar los detalles del tratado requerirá entre dos y tres años. El gobierno debe evaluar minuciosamente qué delitos ameritarán el reporte automático para no vulnerar los derechos humanos de los detenidos.


Mientras tanto, Japón se ve forzado a acelerar este marco legal para proteger la seguridad pública sin estigmatizar a los trabajadores extranjeros honestos que sostienen la economía del país. (RI/AG/IP/)


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