La Policía Prefectural de Okinawa envió a la fiscalía a una empleada de compañía por realizar giros monetarios desde su propia cuenta sin conocer su origen ilícito, registrando el primer operativo en Japón bajo la figura de «delito de transferencia bancaria».
La medida penal, en vigor desde el 10 de julio, busca combatir las maniobras de lavado de dinero implementadas por organizaciones criminales.
MECÁNICA DEL FRAUDE Y DETECCIÓN
La imputada ejecutó 37 transferencias hacia distintas cuentas por un monto total aproximado de 1,75 millones de yenes tras recibir instrucciones por la aplicación LINE.
La red criminal la engañó asegurándole que la labor consistía en tareas de «pago de salarios para personal de trabajo temporal a corto plazo», por lo que la ciudadana operó sin conciencia de estar cometiendo una infracción penal.
El caso salió a la luz cuando la entidad bancaria correspondiente se comunicó con la trabajadora para notificarle que «habían congelado su cuenta por estar involucrada en un delito».
Ante este aviso, la mujer acudió por iniciativa propia a una dependencia policial con la intención de solicitar asesoría, lo que desencadenó la intervención de los agentes.
MODIFICACIÓN NORMATIVA
El delito de transferencia fue tipificado dentro de las reformas a la Ley para la Prevención de la Transferencia de Ganancias Criminales. Anteriormente, los grupos de estafas especiales empleaban cuentas de terceros como puntos de tránsito para dificultar el rastreo del dinero desviado.
Si bien la compraventa de cuentas bancarias estaba explícitamente prohibida, la legislación previa exigía probar que el titular «sabía que se trataba de dinero obtenido de un delito», dificultando la persecución penal de los intermediarios que conservaban la propiedad de su cuenta.
Con la nueva regulación, se penaliza a quien acepte peticiones de terceros para enviar dinero desde su cuenta personal a cambio de una retribución económica prometida, careciendo de una «razón legítima».
La ley sanciona el acto de envío sin requerir la demostración de que el usuario conocía el origen delictivo de las sumas. La penalización fijada para esta infracción alcanza hasta dos años de prisión con trabajo.
RIESGOS EN OFERTAS LABORALES EN LÍNEA
Especialistas e investigadores advierten que los anuncios en internet que prometen «ganar decenas de miles de yenes solo por gestionar envíos de dinero» representan un esquema de captación ilícita.
Aceptar este tipo de encargos implica el riesgo de ser procesado o sufrir un arresto, además de provocar el congelamiento preventivo e inmediato de la totalidad de las cuentas bancarias del implicado por parte de las instituciones financieras. (RI/AG/IP/)
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