El endurecimiento de las políticas migratorias en Japón ha intensificado un debate social más amplio: la normalización de lo que algunos residentes extranjeros califican como “gaijin hara”, una forma de acoso dirigida específicamente contra no japoneses.
Un residente extranjero con larga trayectoria le dijo a la revista Newsweek que las nuevas medidas administrativas y agresivos discursos públicos son como «un genocidio de extranjeros».
A inicios de abril, la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón publicó nuevos criterios para la visa “Ingeniero/Especialista en Humanidades/Servicios Internacionales”, exigiendo en ciertos casos nivel N2 de japonés incluso para renovaciones.
Este cambio se implementó sin anuncio amplio y con escaso margen de adaptación, generando incertidumbre entre trabajadores extranjeros que han construido su vida en Japón.
Otros ejemplos recientes incluyen sistemas de recompensas por denunciar a trabajadores extranjeros en situación irregular, como el impulsado en la prefectura de Ibaraki, lo que ha sido cuestionado por incentivar la vigilancia ciudadana.
En el ámbito político, partidos como Sanseito han propuesto límites al número de extranjeros, exagerado datos sobre delitos y han afirmado en discursos públicos que Japón no necesita de los extranjeros y que éstos no tienen derecho a recibir ayudas sociales. Tras expresar estas posiciones han afirmado que no son «xenófobos».
Otros grupos de derecha radical y conservadores han reverdecido atrayendo seguidores con el discurso anti inmigración afirmando que los extranjeros abusan de los sistemas de asistencia social y que hay «negros» que se reúnen en los parques amenazando la seguridad de los vecindarios.
OBSTÁCULOS PARA EL EMPRENDIMIENTO
Las reglas para obtener la nacionalidad japonesa también han cambiado abruptamente. El 27 de marzo, el periodo de residencia requerido para solicitar la naturalización se duplicó de 5 a más de 10 años, una medida que entró en vigor pocos días después.
Expertos legales advierten que esto podría dejar en situación de apatridia a solicitantes que ya habían renunciado a su nacionalidad de origen.
Por otro lado, los emprendedores extranjeros enfrentan una barrera económica casi insuperable. El requisito de capital para la visa de «Gestor de Negocios» aumentó seis veces, alcanzando los 30 millones de yenes.
Se estima que menos del 10% de las empresas japonesas actuales cumplen oficialmente con ese estándar de capital, lo que condena a los pequeños negocios de inmigrantes, como restaurantes y ventas de autos usados, al cierre o la irregularidad.
IMPACTO HUMANO Y FAMILIAR
El endurecimiento de los procesos administrativos ha derivado en casos de separación familiar que activistas describen como inhumanos. Se han reportado situaciones donde se renueva la visa a los padres, pero se deniega la estancia a hijos menores, obligando a su deportación.
Mientras el discurso político oficial busca «regular el volumen total» de extranjeros, la realidad en las oficinas de migración de Shinagawa es de incertidumbre y temor para quienes solo buscan una vida mejor. (RI/AG/IP/)
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