El gobernador de Ibaraki, Kazuhiko Oigawa, anunció recompensas de 10.000 yenes por denunciar a extranjeros irregulares. Esta medida ha desatado un profundo temor y desconfianza entre los agricultores locales ante posibles consecuencias.
Ibaraki es la segunda región con más granjas de Japón. Más del 70% de los trabajadores indocumentados en la zona se dedican exclusivamente al vital sector agrícola.
Un agricultor local advirtió que muchos contratan a estas personas por necesidad. Teme que las recompensas provoquen que los propios granjeros se denuncien mutuamente y terminen arruinándose entre ellos.
Otro confesó que dependen de los irregulares porque los aprendices técnicos extranjeros exigen el pago de salarios fijos incluso durante las temporadas sin trabajo en el campo.
Sin embargo, un productor que emplea a 25 extranjeros legales apoyó el sistema. En el pasado contrató indocumentados, fue descubierto por la policía y sufrió una paralizante prohibición laboral.
EL RIESGO DEL PLAN DEL GOBERNADOR
El gobernador Oigawa defendió su iniciativa. Aseguró que las autoridades verificarán cada denuncia cuidadosamente para evitar que el sistema se convierta en una cacería de brujas.
Por su parte, la profesora Eriko Suzuki de la Universidad Kokushikan, advirtió que los ciudadanos comunes no pueden saber quién tiene una visa de trabajo válida.
La experta alerta que la recompensa económica convierta las denuncias en un juego para ganar dinero fácil, fomentando reportes injustificados al no existir multas por equivocarse.
Ante las críticas, el gobierno local prometió promover la comprensión ciudadana. Afirmaron que trabajarán estrictamente para evitar que esta política fomente la xenofobia o la discriminación por nacionalidad. (RI/AG/IP/)
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