El gobernador de la prefectura de Hyogo, Motohiko Saito, ha rechazado este lunes cualquier irregularidad en los pagos realizados a una empresa de relaciones públicas durante su reciente campaña para la reelección, tras ser señalado por una posible violación de la Ley de Elecciones Públicas de Japón.
En declaraciones a la prensa, Saito aseguró: «Estoy convencido de que no he infringido la Ley de Elecciones Públicas», reiterando que no hubo ilegalidad en los acuerdos financieros realizados. Su abogado representante convocó una rueda de prensa para la tarde del 27 de noviembre, en la que se espera que se proporcionen detalles sobre los pagos y se defienda la legalidad de las acciones del gobernador.
PAGOS A UNA EMPRESA DE PR
El caso se centra en los pagos realizados a una empresa local de relaciones públicas, que desempeñó un papel clave en la difusión de la campaña de Saito en redes sociales. Según documentos revelados, el contrato incluyó servicios como diseño de materiales publicitarios, desarrollo de estrategias de redes sociales y supervisión de contenidos. La suma total ascendió a 715.000 yenes, impuestos incluidos, y fue abonada a través de la organización de apoyo del gobernador.
Entre las labores reportadas por la empresa se mencionan la creación de eslóganes y el diseño de elementos gráficos, actividades que fueron fundamentales en la estrategia de la campaña digital de Saitō. Sin embargo, el Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón ha señalado que la Ley de Elecciones Públicas prohíbe el pago de remuneraciones a personas involucradas en actividades de campaña, ya que podría interpretarse como un caso de compra de votos.
Además, se ha sabido que la representante de la empresa de PR también había participado en reuniones de un comité asesor de la prefectura, por lo cual recibió un pago adicional de 150.000 yenes como honorario por parte del gobierno local. Aunque Saitō reconoció este vínculo, insistió en que la participación de la representante en el comité se realizó de acuerdo con la normativa vigente: «Soy consciente de su participación en el comité de expertos y no veo ningún problema legal en ello», afirmó. (RI/AG/International Press)
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