Japón cambiará ley para proteger a los trabajadores de los clientes

Afiche del Ministerio de Trabajo sobre abuso de cliente.

Los maltratos o abusos de clientes a los trabajadores en Japón no son actos aislados.

Una encuesta realizada este año por UA Zensen, un sindicato de trabajadores en su mayoría de las industrias de servicios y venta minorista, reveló que casi la mitad de 33.000 encuestados, el 47 %, había sido víctima de acoso por parte de los clientes durante los últimos dos años.


Muchos clientes abusaron verbalmente de ellos, los intimidaron, los difamaron en internet o plantearon quejas irracionales.

Incluso hubo quienes exigieron que los trabajadores se arrodillaran en el suelo y se inclinaran para pedir perdón.

Para poner fin a los abusos, el Ministerio de Trabajo revisará una ley para exigir a las empresas que protejan a su personal de los malos clientes, informa Asahi Shimbun.


La ley probablemente obligará a los empleadores a elaborar manuales sobre cómo los trabajadores deben tratar con esos clientes.

Además, deberán ofrecer servicios de consulta a su personal.

El Consejo de Política Laboral, que integran representantes de las empresas y los trabajadores, así como expertos, discutirán minuciosamente qué tipos de lenguaje y comportamiento estarán cubiertos por la ley.


La modificación legal no será la primera acción adoptada por el gobierno de Japón para proteger a los trabajadores.

En 2022, el Ministerio de Trabajo publicó un manual para empresas sobre cómo tratar con clientes abusivos.


En el documento, se trazaba una línea que dividía una demanda o queja legítima de una irracional.

Una demanda era considerada no racional si los medios y los modos empleados por el cliente eran inapropiados según las convenciones sociales y si dañaban el ambiente laboral de los trabajadores.

Al margen de los esfuerzos de las autoridades japonesas, algunas empresas están adoptando medidas.

En abril, East Japan Railway anunció una política sobre el acoso a los clientes según la cual los empleados dejarán de responder a los usuarios si el lenguaje y el comportamiento de estos son “problemáticos”.

En casos graves, la empresa ferroviaria acudirá a la policía y abogados. (International Press)

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