Cuando era menor, Jonathan fue enviado a un reformatorio juvenil acusado de fraude. Cuando salió libre, en agosto de 2016, su siguiente destino fue un centro de detención de inmigrantes en la prefectura de Ibaraki, el mismo donde un hombre indio se suicidó en abril.
Jonathan sigue recluido. No hay perspectivas de liberación para él. ¿Ser deportado y vivir en Colombia? Ni siquiera lo contempla como opción. Su vida está en Japón.
El joven declara a Kyodo que desea pagar su deuda con Japón a través de actividades voluntarias y trabajo. Pero no puede. Y no podrá mientras esté encerrado.
Jonathan cuenta que mientras estuvo en el reformatorio estudió y obtuvo una licencia para encargarse del manejo de sustancias peligrosas. Nada eso le sirve entre rejas. “Solo estoy desperdiciando el tiempo aquí”, dice.
«No hay nada que hacer (en el centro de detención) excepto comer e ir a la cama todos los días», añade.
La incertidumbre sobre su futuro le genera ansiedad. Pasa muchas noches sin dormir. Lo único que puede hacer ahora es espera que su situación cambie para mejor.
De las 1.309 personas detenidas en inmigración en todo Japón, 709 (el 54 %), llevaban encerradas más de seis meses, según cifras del Ministerio de Justicia correspondientes a julio pasado. Con respecto a 2013, hay un aumento de 31 %.
Kyodo explica que el número de extranjeros que sufren largos periodos de detención se debe a una intensificación de la ofensiva de las autoridades contra las personas que viven en Japón de manera ilegal, y que se niegan a volver a sus países de origen debido a que tienen una vida hecha en Japón.
Por otro lado, Japón es cada vez más estricto con respecto al otorgamiento de la libertad provisional, motivo por el cual está aumentando el número de detenidos.
Además, hay países que rechazan el regreso de sus ciudadanos.
A eso hay que sumarle que no existe un límite legal ni un juicio para determinar cuánto tiempo se puede retener a una persona. Eso queda a discreción de las autoridades de inmigración.
Los largos periodos de detención han sido criticados a nivel internacional. En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial reprendió a Japón por ello.
En el frente interno, Koichi Kodama, abogado especialista en temas de inmigración, afirma que «detener a los extranjeros cuyos medios de subsistencia están en Japón durante años solo porque no son residentes legales va en contra de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados».
A su juicio, Japón debe suavizar su posición con respecto a las liberaciones provisionales y establecer un límite en la duración de las detenciones. (International Press)
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