Más de la mitad de japoneses rechaza modificación de la Constitución, según encuestas
Ramón Abarca / EFE
El Gobierno nipón aprobó el martes, en medio de fuertes protestas, una histórica modificación de su Constitución pacifista que acaba con la prohibición de usar la fuerza para resolver conflictos internacionales.
Tras un mes de negociaciones entre la coalición de Gobierno, el Gabinete aprobó finalmente incluir en la Carta Magna una serie de condiciones que permitan a Japón defender a sus aliados, algo hasta ahora limitado por el artículo 9, que impide al país declarar la guerra.
La medida, un empeño personal del primer ministro conservador, Shinzo Abe, supone un gran giro en la política de seguridad que pretende dar a Japón un papel mucho más activo internacionalmente aumentando su perfil militar.
«Japón necesita un marco legal sin fisuras para hacer frente a las amenazas a su seguridad», explicó el primer ministro durante una rueda de prensa en la que insistió en que, a pesar de la reinterpretación del texto, el país «mantendrá su estatus pacifista».
Sin embargo, el proceso de modificación de la denominada Constitución de la Paz, redactada tras la Segunda Guerra Mundial, se está viendo acompañado por una importante ola de protestas y el rechazo de más de la mitad de los japoneses, según las últimas encuestas.
La recién aprobada modificación de la Carta Magna permite por primera vez a Japón ejercer el llamado derecho de «auto-defensa colectiva», si «la existencia del país se ve amenazada y existe un claro peligro de que se vean anulados los derechos del pueblo a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad».
Este concepto de «auto-defensa colectiva» está contemplado en el Derecho internacional y, además de la asistencia militar a aliados en caso de que estos sean atacados, permitiría la participación de Japón en operaciones de seguridad de Naciones Unidas.
La justificación de Abe para esta impopular medida se basa en la necesidad de convertir a Japón en un actor «más activo» en materia de seguridad dentro de la comunidad internacional, un papel completamente limitado tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial.
El primer ministro persigue además dar un verdadero papel militar a las Fuerzas de Auto Defensa ante el avance de China en la región y las amenazas de Corea de Norte.
En este sentido, Japón ha recibido un apoyo rotundo de su gran aliado, Estados Unidos, que ve este cambio como favorecedor para sus intereses en la zona, sobre todo para aplacar el dominio de Pekín.
La medida ha despertado, sin embargo, desconfianza y las críticas de países vecinos que sufrieron el colonialismo imperial nipón hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, como Corea del Sur o la propia China.
Precisamente, esta semana el presidente chino, Xi Jinping, visitará Seúl, donde China y Corea del Norte podrían pronunciarse duramente contra los nuevos intentos de militarización nipones.
En casa, Abe también se ha encontrado con una gran oposición a uno de los mayores cambios en su política de seguridad del país desde hace décadas.
Las manifestaciones, organizadas por grupos civiles, sindicatos así como catedráticos de derecho y escritores, se han sucedido hasta el martes con miles de personas congregadas junto a la residencia del primer ministro en contra de que un cambio así no se produzca a través de un referéndum.
Además, el pasado domingo, un hombre de entre 50 y 60 años se quemó a lo bonzo en una de las principales estaciones de Tokio tras lanzar proclamas en contra la polémica medida del Gobierno nipón.
A pesar de su aprobación por el Ejecutivo, la medida debe recibir el visto bueno del parlamento nipón y, aunque las fuerzas gobernantes cuenta con una mayoría, no se descarta que a la cláusula se le impongan algunas restricciones más antes de su ratificación definitiva.
Políticamente, no ha sido fácil para el Partido Liberal Demócrata (PLD) de Abe llegar hasta aquí.
El primer ministro ha tenido que negociar durante un mes con su socio de coalición, el budista y conservador Nuevo Komeito, que se ha mostrado radicalmente en contra de revisar o reinterpretar artículo 9, aunque finalmente ha aceptado incluir el derecho de auto-defensa.
