Japón investigará la exposición radiactiva de trabajadores subcontratados en Fukushima

Se cree que algunos contratistas intentarían ocultar datos reales


El Gobierno de Japón anunció el martes que investigará a los contratistas que operan en la accidentada central nuclear de Fukushima para averiguar si los niveles de exposición radiactiva de sus trabajadores se controlan correctamente.

La decisión se anunció después de conocerse el fin de semana que uno de los responsables de una subcontrata de Tokyo Electric Power (TEPCO), propietaria de la planta de Fukushima, pidió a un grupo de nueve empleados que utilizaran placas de plomo para cubrir sus dosímetros.


El plomo es uno de los materiales que mejor aíslan de la radiación, por lo que se cree que el objetivo podría ser ocultar los datos de la exposición real.

«Este asunto sacude la manera de controlar la exposición de los trabajadores a la radiación y si es cierto (que se realizó para ocultar una eventual sobreexposición), es muy lamentable», dijo la ministra de Salud, Trabajo y Bienestar, Yoko Komiyama, en declaraciones recogidas por la agencia Kyodo.

El ministro de Economía, Comercio e Industria, Yukio Edano, aseguró también que el Ejecutivo nipón evitará que se repitan prácticas de este tipo.


Los directivos de la empresa implicada negaron este lunes en una rueda de prensa su intención de ocultar los niveles de radiación a los que se exponen sus trabajadores en la planta.

TEPCO utiliza las lecturas acumuladas en los dosímetros para establecer cuánto tiempo pueden trabajar todos los técnicos y subcontratados que se dedican al desescombro y a otras tareas de apoyo en la planta sin exceder el límite de 100 milisievert al año impuesto por el Gobierno tras el accidente en la central.


En total, unas 3.000 personas trabajan en las instalaciones de Fukushima Daiichi y se exponen a diario a la radiactividad para certificar que los reactores de la central golpeados por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011 se mantienen estables.

Según los expertos, retirar el combustible dañado y desmantelar las unidades afectadas puede llevar unas cuatro décadas. (EFE)

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