El expresidente boliviano Jorge Quiroga (2001-2002) ve «ridículo» que el Gobierno de Evo Morales vincule al exsenador opositor Roger Pinto, refugiado en Brasil desde 2013, con la aerolínea Lamia, cuyo avión se estrelló el 28 de noviembre en Colombia dejando un saldo de 71 muertos.
«No quieran tapar a los amiguitos venezolanos de este Gobierno buscando echar culpas a una persona que no está acá desde hace dos años y medio», sostuvo hoy Quiroga en una rueda de prensa, en referencia a que Lamia habría comenzado a operar en Venezuela antes de mudar su sede a Bolivia.
Pinto obtuvo asilo político en Brasil, donde escapó en 2013 tras denunciar supuestos actos de corrupción y connivencia con el narcotráfico del Gobierno boliviano.
El exsenador opositor estaba acusado en su país de supuesta corrupción, por lo que las autoridades bolivianas han negado que se trate de un perseguido político.
Quiroga consideró que el Ejecutivo de Morales quiere hacer creer que «un enemigo declarado (Pinto) puede hacer una aerolínea, conseguir una autorización, diseñar planes de vuelo desde Brasilia».
A su juicio, en realidad las responsabilidades están en Bolivia, en «gente vinculada al Gobierno con protección oficial».
«En lugar de investigar cómo (el accidente) sucede, para vergüenza de todos los bolivianos, se lavan las manos y dicen que el pobre piloto que ha fallecido era yerno del senador Pinto», dijo.
Dentro de las investigaciones en Bolivia por el siniestro del avión, en el que murieron 71 personas, entre ellos la mayoría de la plantilla del club brasileño Chapecoense, la semana pasada fue encarcelado el director general de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, acusado por diversos delitos, entre ellos el de homicidio culposo.
También fue enviado a prisión su hijo, Gustavo Vargas Villegas, quien siendo director de Registro Aeronáutico Nacional, autorizó en 2014 la importación y matrícula provisional del avión de Lamia.
A Vargas Villegas se le investiga por los supuestos delitos de «uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes».
La Fiscalía boliviana también imputó al director de Operaciones de Lamia, Marco Antonio Rocha Venegas, y a la extécnica aeronáutica Celia Castedo, quien hizo un informe sobre las irregularidades en el plan de vuelo del avión en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz (este), antes de que despegase. EFE
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